El gobernador evitó asumir cualquier responsabilidad por la difusión selectiva de imágenes dentro del servicio penitenciario. Su respuesta evasiva dejó al descubierto el rol del Ministerio de Seguridad y el uso político de un caso judicial.
ActualidadHace 1 hora
Redacción
En conferencia de prensa, Claudio Poggi eligió despegarse por completo de la filtración de las imágenes dentro del penal. Ante una pregunta puntual, afirmó que se trataba de “un tema de la Justicia Federal y de la gente de la penitenciaría”, marcando distancia del operativo que encabezó la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y que derivó en la difusión de la entrada de Sergio Freixes al establecimiento.
Las grabaciones (obtenidas por guardiacárceles bajo órdenes de la propia ministra y difundidas por medios afines al oficialismo) fueron publicadas de manera selectiva: aparecieron imágenes de un detenido, pero no del otro, justamente el esposo de una ministra del gabinete provincial. Poggi esquivó esa contradicción y se concentró en desligar a su gobierno.
La escena dejó más preguntas que respuestas. No hubo explicaciones sobre los motivos de la grabación, sobre quién autorizó el uso interno de cámaras para una causa federal ni sobre por qué se filtró material que compromete derechos básicos de personas bajo custodia del Estado. Tampoco confirmó si existieron sanciones o medidas internas para evitar que el penal vuelva a ser utilizado como herramienta política.
Lejos de aclarar, el gobernador reaccionó con evidente molestia ante las consultas. Describió el tema como “un temita” y pidió “bajarlo”, intentando restarle importancia a un hecho que involucra al Ministerio de Seguridad y expone una maniobra articulada desde la propia administración provincial.
El cierre de la conferencia dejó la sensación opuesta a la que buscaba el mandatario. La falta de asunción de responsabilidades, el silencio sobre la actuación de la ministra Sosa y el intento de minimizar el episodio reforzaron la idea de una operación política ejecutada desde el interior del gobierno, con recursos del Estado y en el límite de las garantías que deben regir dentro de cualquier penitenciaría.
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