Redacción
El caso “El Caburé” se convirtió en una bomba política con espoleta corta. Lo que comenzó como una expropiación con fines productivos terminó derivando en una denuncia penal por la desaparición de una cosecha millonaria, más de 2 millones de dólares en maíz que nadie sabe dónde están. Y lo más explosivo es quiénes aparecen en la lista de acusados, son dos de los hombres más cercanos al gobernador Claudio Poggi.
Entre los denunciados figuran Ricardo André Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión —el mismo que se jacta de ser el fiscal moral de la provincia—, y Víctor Endeiza, ex fiscal de Estado y actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, designado por el propio Poggi. Junto a ellos, aparecen el hermano del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondaraín, y el empresario rural Francisco Anselmi.
La denuncia penal dinamita el relato ético que que Poggi intenta sostener desde el inicio de su gestión. Los cargos son graves —abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles— y dejan al descubierto las contradicciones de un gobierno que predica transparencia pero hoy lidia con su propio espejo empañado.
El episodio también pone a prueba a la maquinaria política del poggismo, esa suerte de “Liga de la Justicia” que durante meses operó contra adversarios políticos y funcionarios de gestiones anteriores, presentándose como custodios de la decencia. Ahora, con sus propios miembros implicados, la retórica anticorrupción se vuelve un búmeran que golpea en el corazón de la administración provincial.
El caso abre además un dilema institucional. ¿Cómo actuará el flamante fiscal de Estado Adjunto, Rafael Berruezo, aquel que prometió “meter presos a todos los corruptos”? ¿Aplicará el mismo rigor con los funcionarios del actual gobierno? Su silencio, hasta ahora, es tan estridente como el ruido del escándalo.
Bazla, el denunciador serial, y Endeiza, ahora juez del máximo tribunal provincial, son las caras visibles de una crisis moral que el oficialismo no puede tapar con un silencio bastante pronunciado. Porque cuando los guardianes de la ética terminan denunciados, lo que se derrumba no es una causa judicial, sino un discurso entero.
Por ahora, el caso “El Caburé” sirve como radiografía de un poder que se creyó intocable. Y como suele ocurrir en la política, cuando la ética se usa como arma, tarde o temprano, apunta hacia el propio dueño del fusil.
