Productores denuncian que el gobierno habría vendido “en negro” una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares. El funcionario Ricardo Bazla, hombre de la "ética" poggista, vuelve a quedar en el centro de un escándalo que salpica a la Justicia y a otros ministerios.
ActualidadHoy
Redacción
En el gobierno de Claudio Poggi, la transparencia parece tener zonas rurales donde no crece. El caso “El Caburé”, un campo expropiado en abril del año pasado, destapó un entramado de sospechas sobre la desaparición de una cosecha millonaria de maíz que, según los propios productores, habría sido vendida fuera de todo registro.
El nombre que más resuena es el del secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, quien encabezó los trámites de expropiación. Lo que debía ser una gestión administrativa terminó en una maraña de maniobras oscuras, no hay registros oficiales del movimiento del maíz, no figura en el sistema provincial ningún mapa ni documentación que justifique el ingreso de dinero a las arcas estatales. El destino de la producción —valuada en más de dos millones de dólares— es, por ahora, un misterio con aroma a negocio privado.
Los productores sostienen que Bazla, junto a otros funcionarios, habrían articulado la venta del maíz utilizando intermediarios para evadir las cartas de porte, el documento que garantiza la trazabilidad del transporte de granos. En otras palabras, el gobierno podría haber movido toneladas de maíz sin papeles ni controles, bajo maniobras difíciles de explicar.
La denuncia presentada en la Justicia de Mercedes estaría frenada, y los damnificados afirman que el propio Bazla supuestamente usó su influencia para demorar el avance del expediente. En los pasillos judiciales se comenta que uno de los fiscales que interviene en la causa figura entre los funcionarios que dieron positivo en narcotests, un dato que —según trascendidos— el gobierno nunca hizo público. Esto le garantizaría al gobierno una libertad para manejarse fuera de las normas.
Como si faltaran condimentos, se viralizó un audio donde un asesor —al parecer hermano de un ministro provincial— da indicaciones para “sacar el maíz en negro”. La grabación, que ya circula entre productores, refuerza las sospechas de una trama organizada desde el propio poder.
El caso “El Caburé” exhibe con crudeza la delgada línea entre el discurso de la ética y la práctica de la impunidad. Mientras el maíz se esfumó y los millones no aparecen, en el gobierno prefieren el silencio. En el campo expropiado, donde antes crecían los granos, hoy sólo queda un eco incómodo.
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