El intendente de Juana Koslay impulsa una tasa municipal para financiar el Centro de Monitoreo, una obra que fue bandera de campaña y terminó en silencio técnico. Los vecinos deberán pagar por un sistema que el propio municipio nunca puso en marcha.
Actualidad23/10/2025
Redacción
Jorge “Toti” Videla volvió a poner la mano en el bolsillo de los koslayenses. Esta vez, bajo la promesa de mejorar la seguridad, el intendente impulsa una nueva “Tasa por Servicio de Seguridad Urbana Preventiva”, que deberán abonar todos los contribuyentes de Juana Koslay. El argumento oficial es financiar el mantenimiento del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y del sistema de videovigilancia.
Pero el problema es otro, el elefante blanco nunca funcionó. La obra, presentada con bombos, pantallas y cámaras durante la campaña, quedó reducida a un edificio con más discurso que utilidad. Las cámaras instaladas hace meses se convirtieron en una postal del abandono tecnológico. Pese a eso, ahora se pretende que los vecinos paguen el costo de mantenerlo “operativo”.
Cabe recordar las denuncias que hubo sobre el paralelismo entre la obra del Centro de Monitoreo y la mansión que Videla se construyó en el exclusivo barrio La Pancha III. Muchos dirigentes adviertieron que ambas fueron desarrolladas por la misma empresa y sospechosamente con casi los mismos materiales.
La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante habilita al Municipio a cobrar una tasa mensual que supuestamente financiará cámaras, patrullas y el funcionamiento de la Guardia Urbana. En otras palabras, un nuevo impuesto local para cubrir un servicio que debería garantizar el Estado provincial, a través de sus fuerzas de seguridad.
El malestar vecinal no tardó en crecer. Muchos recuerdan que la promesa del Centro de Monitoreo fue uno de los ejes de la última campaña de Videla, vendida como la gran apuesta para terminar con la inseguridad en la zona. Hoy, esa promesa se recicla en forma de tasa, los ciudadanos pagarán por algo que ya fue financiado con fondos públicos.
“Nos hacen pagar por una estafa”, resume un vecino indignado de Las Chacras. La sensación general es que el Municipio intenta tapar un fracaso con otro. Y que detrás del discurso de la prevención se esconde la necesidad de recaudar, justo a meses que Videla abandone el Municipio para irse de diputado.
Mientras tanto, la inseguridad en Juana Koslay sigue siendo una preocupación real. Se multiplican los casos y el ministerio de Nancy Sosa, no da la cara.
Con esta nueva tasa, Videla intenta convertir un error de gestión en otro negocio municipal. Ahora los vecinos tendrán que pagar para sentirse más "seguros".
El Gobierno desconoció un aumento ya liquidado y dejó sin cobrar a trabajadores de ANAC. ATE declaró paro total desde el lunes y acusa a la gestión de improvisación y ajuste.
Entró en vigencia un nuevo sistema de subsidios energéticos y quienes no se reinscriban pasarán a pagar tarifa plena.
El Sindicato de Camioneros fue escenario de una encendida charla debate contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, donde dirigentes gremiales y diputados nacionales denunciaron que se trata de un ajuste encubierto, regresivo y diseñado por los poderes económicos. Bajo la consigna “Resistir es vencer”, referentes sindicales, sociales y políticos coincidieron en que la ley no busca modernizar el trabajo sino precarizarlo, debilitar a los sindicatos y transferir recursos desde las provincias hacia los grandes grupos empresarios.
El gobierno de Pedro Sánchez habilitará un proceso extraordinario para regularizar a personas en situación irregular. Un decreto ya aprobado permitirá acceder a residencia y trabajo legal desde abril.
La provincia registra tasas superiores a la media nacional con particular impacto en jóvenes. En La Punta, la reiteración de casos entre adolescentes configura un patrón territorial. El Hospital Carrillo notificó cientos de intentos en el primer semestre del 2025 con más de la mitad de reintentos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó en el Boletín Oficial la actualización de los montos de las asignaciones familiares que se pagarán desde febrero de 2026, con un incremento del 2,85 % en línea con la inflación de diciembre de 2025. La medida se aplica automáticamente y alcanza a la mayoría de las prestaciones vinculadas a familias y menores.
Una funcionaria admitió en una grabación que hubo amenazas, aprietes y protección interna en operaciones con dólar oficial. El caso salpica al Banco Central y expone el entramado entre poder financiero, operadores y funcionarios.
Mientras la ministra de Seguridad de San Luis está en el ojo de la tormenta por la intervención nacional en la fuerza, el jefe de Policía, Pablo Vieytes, salió de la institución bajo sospecha de cobrar por “limpiar legajos”… y se enteró por la Agencia de Noticias mientras estaba de vacaciones.
Tres concejales pidieron informes “urgentes” porque la licencia de Juan José Álvarez Pinto como intendente habría vencido el 23 de diciembre y nadie mostró la prórroga. Resultado: la Villa queda en un limbo institucional donde el interino gobierna, pero el titular no renuncia… y en la Provincia el ministro sigue como si nada.
El pastor Walter Berlo dejó el cargo tras 14 meses de gestión. Confió a pares que no recibió apoyo del ministro Gonzalo Amondaraín y que lo presionaron para acercar iglesias a la militancia oficialista. El gobierno busca un perfil más político para competir con los libertarios.
La provincia registró 6,3 muertes cada mil nacidos vivos en 2024, por encima del año anterior. San Luis es una de las 15 jurisdicciones donde aumentó la tasa y quebró la tendencia descendente histórica. El gobierno provincial no implementó políticas para mitigar el impacto del ajuste nacional.
Delcy Rodríguez anticipó una “ley de amnistía general” mientras el chavismo busca recomponer imagen ante la comunidad internacional.
Una madre entra al súper con su hija de 8 años. Mete arroz, galletitas y leche en el changuito. Llega a la caja, y antes de pagar, pregunta en voz baja: “¿Esto entra en las 6 cuotas?”. La cajera asiente. Afuera, el cartel dice: “2026, Año de la Educación”.
En San Luis, el poder adquisitivo de los docentes no solo se desplomó: fue pulverizado. Entre 2023 y 2025, el salario real de un maestro cayó más de un 40%, según datos gremiales y fuentes oficiales. Pero lo que muchos no entienden es que no alcanza con recuperar ese 40% para volver a estar como antes.
El Gobierno desconoció un aumento ya liquidado y dejó sin cobrar a trabajadores de ANAC. ATE declaró paro total desde el lunes y acusa a la gestión de improvisación y ajuste.