Madres y padres de San Luis denunciaron la falta de insulina y reactivos en hospitales públicos. En medio del discurso de “eficiencia y modernización”, el gobierno de Claudio Poggi muestra su costado más crudo: la salud infantil como víctima del ajuste.
ActualidadHoy
Redacción
La escena es brutal: un padre recorriendo farmacias públicas en busca de insulina para su hijo, una madre compartiendo las últimas tiras reactivas con otra familia del barrio. En San Luis, lo que debería ser un derecho básico —el acceso a medicamentos esenciales— se volvió una odisea diaria.
Un grupo de madres y padres de niños con diabetes tipo 1 elevó una carta al gobernador Claudio Poggi y a la ministra de Salud, Teresa Nigra, denunciando la escasez de insulina, sensores y tiras reactivas en hospitales y centros de salud. El reclamo, urgente y desesperado, advierte que la situación pone en riesgo la vida de cientos de chicos que dependen del tratamiento diario para sobrevivir.
“Sin insulina no se puede vivir”, remarcan en la carta, que circula entre organizaciones y grupos de pacientes. No se trata de un problema administrativo ni de un simple retraso logístico. Es la consecuencia directa de un sistema de salud provincial que se desangra entre recortes, falta de gestión y una burocracia que parece mirar hacia otro lado.
El cuadro no es aislado. Mientras Poggi y su equipo hablan de “ordenar el Estado” y “racionalizar gastos”, los hospitales enfrentan una crisis estructural. Los insumos escasean, los médicos denuncian salarios de pobreza y los pacientes con enfermedades crónicas quedan atrapados en una cadena de omisiones que no distingue edad ni diagnóstico.
DOSEP, la obra social estatal, ya es el espejo más visible de ese derrumbe. Colapsada por la mala administración, dejó a miles de afiliados con coberturas cada vez menores. Ahora el problema se extiende a quienes ni siquiera tienen obra social y dependen exclusivamente del sistema público.
La falta de insulina no es un hecho aislado, es el síntoma de un modelo que ajusta donde más duele. Y mientras el gobierno invierte millones en campañas de imagen para Poggi y actos institucionales, las familias puntanas se organizan entre ellas para conseguir, a través de donaciones o trueques, los insumos que el Estado les niega.
San Luis solía ser ejemplo de cobertura sanitaria. Hoy, bajo el relato de la “eficiencia”, vuelve a los tiempos en que la salud era un privilegio.
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