El Frente Justicialista presentó una denuncia ante la Justicia Electoral contra el gobernador de San Luis por presunta violación al artículo 64 del Código Nacional Electoral. Lo acusan de usar vehículos oficiales y recursos del Estado para fines proselitistas en plena veda.
ActualidadAyer
Redacción
En la recta final hacia las elecciones, el gobernador Claudio Poggi vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Apoderados del Frente Justicialista denunciaron ante el juez con competencia electoral, Juan Esteban Maqueda, el uso de recursos públicos para acciones de campaña, en lo que consideran una clara violación a la ley que prohíbe la propaganda oficial durante el período electoral.
Según la presentación, el pasado 20 de octubre personal de la administración pública provincial fue visto utilizando vehículos oficiales para retirar carteles del candidato a diputado nacional del Frente Justicialista. La maniobra, que fue registrada en video y presentada como prueba, expone el uso de la estructura estatal con fines políticos, un límite que la legislación nacional considera innegociable.
Los denunciantes señalan que el propio Poggi habría participado en actos de gobierno con un marcado tono electoral, aprovechando la visibilidad institucional para reforzar su discurso de campaña. “La publicidad de los actos de gobierno no puede contener elementos que promuevan la captación del voto”, recuerda textualmente el artículo 64 del Código Electoral, una norma que suele ser ignorada por los oficialismos cuando se acercan las urnas.
En los pasillos judiciales confirmaron que la denuncia fue recibida y está siendo evaluada por el fuero federal con competencia electoral. Aunque todavía no se dispusieron medidas concretas, el caso ya generó ruido político, no es menor que el gobernador, que se presenta como abanderado de la “transparencia y la institucionalidad”, enfrente ahora una acusación de manipular recursos públicos en su propio beneficio.
El episodio abre nuevamente el debate sobre el uso del aparato estatal como herramienta de campaña. En San Luis, donde el poder político suele confundirse con la gestión diaria, las fronteras entre comunicación oficial y propaganda partidaria parecen tan difusas como convenientes.
Con la elección a la vuelta de la esquina, la denuncia suma tensión a una campaña donde la ética pública volvió a ser tema central. Poggi, que llegó al poder prometiendo “un cambio profundo” respecto a las prácticas del pasado, deberá ahora explicar por qué su gobierno parece haber caído en las mismas tentaciones que siempre dijo combatir.
Madres y padres de San Luis denunciaron la falta de insulina y reactivos en hospitales públicos. En medio del discurso de “eficiencia y modernización”, el gobierno de Claudio Poggi muestra su costado más crudo: la salud infantil como víctima del ajuste.
Los vecinos estallaron contra el intendente Jorge “Toti” Videla por el nuevo impuesto municipal de seguridad. Denuncian que la tasa es ilegal, arbitraria y que detrás del “plan de monitoreo” se esconde el financiamiento de una mansión de lujo del propio jefe comunal.
El candidato del PJ cargó contra Poggi y denunció la utilización del aparato estatal para favorecer a La Libertad Avanza. En una entrevista con San Luis 24, habló del deterioro económico, la persecución política y la falta de rumbo de los gobiernos provincial y nacional.
El intendente de Juana Koslay impulsa una tasa municipal para financiar el Centro de Monitoreo, una obra que fue bandera de campaña y terminó en silencio técnico. Los vecinos deberán pagar por un sistema que el propio municipio nunca puso en marcha.
Los concejales de Jorge Gastón Hissa en la capital decidieron no sesionar esta semana. Excusas eléctricas, miedo político y un hilo conductor: evitar que se hable de corrupción a días de las elecciones.
A días de las elecciones armamos un resumen basado en conspiraciones y hechos de la realidad poggista. Porque puede desaparecer el maíz que se llevaron los funcionarios del gobierno, pero no las operaciones.
El ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, vuelve a quedar en el centro de un escándalo por presuntas maniobras de corrupción. Lo acusan de haber facilitado la operatoria que permitió una millonaria venta de maíz, en una trama que mezcla poder político, favores y negocios rurales.
José La Malfa dejó su cargo casi un mes después del escándalo por las repavimentaciones del autódromo provincial. El gobierno de Poggi gastó más de 2 mil millones en obras que duraron lo que un pestañeo. Ahora, la pregunta es quién paga los errores.
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