El intendente comisionado de Villa de Praga, Ramón Cruz, denunció penalmente al actual director de DOSEP, Jorge Arturo Vergara, por presunta defraudación.
ActualidadAyer
Redacción
El intendente comisionado de Villa de Praga, Ramón Eulogio Cruz, presentó una denuncia penal por defraudación contra Jorge Arturo Vergara, hoy director de la obra social provincial DOSEP. En una investigación de El Mosquito se dio con el expediente 440389/25 donde la acusación se origina en la gestión de Vergara como contador del municipio, donde habría omitido deliberadamente corregir observaciones en los balances del primer trimestre de 2024.
Esa omisión no fue un detalle técnico. Según la denuncia, derivó en que la Fiscalía de Estado iniciara una causa penal contra Cruz por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. El contador quedó al margen, mientras la responsabilidad política y judicial caía sobre el intendente.
El blindaje mediático y la campaña electoral
El trasfondo de la causa no puede separarse del clima político de mayo, en plena campaña electoral. En ese contexto, los medios alineados con el gobernador Claudio Poggi instalaron el caso contra Cruz como si fuera un escándalo personal del jefe comunal, sin mencionar jamás a Vergara, quien había sido el responsable técnico de los balances.
El silenciamiento no fue casual, se trataba de proteger a uno de los funcionarios más cuestionados del poggismo, recién nombrado al frente de DOSEP. La operación mediática dejó al descubierto la asimetría con la que se construyen los relatos oficiales, se castiga al intendente opositor y se encubre al contador devenido en hombre de confianza del gobierno.
De Praga a la obra social más grande
El derrotero de Vergara resulta inquietante. Tras abandonar el municipio de Praga por “razones políticas”, pasó directamente al gabinete de Poggi como director de DOSEP. La ironía es evidente: quien no pudo ordenar los números de un pequeño pueblo serrano hoy maneja la contabilidad de la obra social estatal con miles de afiliados.
La denuncia presentada por Cruz resuena más allá de lo judicial, es un recordatorio de que la política provincial prioriza el amiguismo política sobre la idoneidad profesional.
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La pregunta no se agota en lo judicial, ¿cómo confiar la obra social más importante de San Luis a un contador cuestionado por defraudación?
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