Tras ser sentenciado a dos años y medio de prisión e inhabilitación perpetua, el exministro de Seguridad Claudio Latini denunció una persecución política orquestada desde el propio gobierno de Claudio Poggi y apuntó directamente contra Nancy Sosa, su sucesora en el cargo.
ActualidadHace 1 hora
Redacción
La condena a Claudio Latini dejó expuesto otro capítulo incómodo para el gobierno provincial. El exministro, que recibió una pena de dos años y medio de prisión en suspenso, volvió a hablar y fue directo: “Esto es una persecución política”.
Sostiene que la denuncia presentada po la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, el 28 de diciembre de 2023 fue el resultado de un enfrentamiento personal que se arrastra desde hace años. Según su versión, la ministra “le tiró la lengua a algunos funcionarios” para armar una historia que no se sostiene en pruebas. “Nunca trasladé bienes del Ministerio a mi casa. Es absurdo pensar que usaría un móvil policial sabiendo que hay cámaras y GPS”, aseguró.
La acusación indica que el exfuncionario habría llevado a su domicilio monopatines eléctricos, sillones, pantallas y una computadora. Sin embargo, Latini insiste en que sólo pidió que movieran tres estanterías y un dispenser de su propiedad. “Eso ni siquiera figura en la denuncia”, replicó. El exministro adelantó que apelará el fallo “hasta las últimas instancias”, convencido de que su condena fue una jugada política más que un acto de justicia.
El trasfondo, según su relato, está teñido de revancha. “En el anterior gobierno de Poggi yo era un tipo querido, trabajábamos juntos en cada operativo. Hoy me tratan como a un desertor”, disparó. Para Latini, su cercanía con Alberto Rodríguez Saá fue el punto de quiebre que marcó su destino judicial.
También denunció que la persecución alcanzó a su familia, su esposa y dos hijos perdieron sus empleos públicos tras el cambio de gestión. “Hasta a una prima mía corrieron solo por llevar mi apellido”, lamentó.
En su defensa, Latini apuntó que los objetos denunciados “nunca aparecieron” porque algunos fueron robados antes del traspaso de mando y otros siguen dentro del propio Ministerio. “Buscaron un chivo expiatorio para mostrar gestión, mientras la inseguridad hoy se dispara en toda la provincia”, advirtió.
El caso deja a la vista la fractura interna entre viejos cuadros policiales y la actual administración. Latini se convirtió así en un símbolo incómodo, un exfuncionario castigado por el nuevo orden político, en un gobierno que parece más interesado en ajustar cuentas que en resolver los problemas de fondo.
La AFA y los clubes rechazaron que La Pedrera sea sede de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. En la decisión pesó un diagnóstico lapidario: el Gobierno provincial “no sabe organizar un evento de esta magnitud”.
El Senado aprobó que 2026 sea “el Año de la Educación”, pero el presupuesto dice otra cosa: habrá menos fondos para el sistema educativo y los salarios docentes seguirán perdiendo contra la inflación.
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.
Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.
La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.
El gobernador impulsa la reducción de la feria judicial como una “modernización del sistema”, pero los profesionales del Derecho de San Luis lo califican como una medida improvisada, sin sustento técnico ni administrativo. El descanso judicial, dicen, no es un privilegio, sino una necesidad estructural.
La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.
El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.