Redacción
La condena a Claudio Latini dejó expuesto otro capítulo incómodo para el gobierno provincial. El exministro, que recibió una pena de dos años y medio de prisión en suspenso, volvió a hablar y fue directo: “Esto es una persecución política”.
Sostiene que la denuncia presentada po la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, el 28 de diciembre de 2023 fue el resultado de un enfrentamiento personal que se arrastra desde hace años. Según su versión, la ministra “le tiró la lengua a algunos funcionarios” para armar una historia que no se sostiene en pruebas. “Nunca trasladé bienes del Ministerio a mi casa. Es absurdo pensar que usaría un móvil policial sabiendo que hay cámaras y GPS”, aseguró.
La acusación indica que el exfuncionario habría llevado a su domicilio monopatines eléctricos, sillones, pantallas y una computadora. Sin embargo, Latini insiste en que sólo pidió que movieran tres estanterías y un dispenser de su propiedad. “Eso ni siquiera figura en la denuncia”, replicó. El exministro adelantó que apelará el fallo “hasta las últimas instancias”, convencido de que su condena fue una jugada política más que un acto de justicia.
El trasfondo, según su relato, está teñido de revancha. “En el anterior gobierno de Poggi yo era un tipo querido, trabajábamos juntos en cada operativo. Hoy me tratan como a un desertor”, disparó. Para Latini, su cercanía con Alberto Rodríguez Saá fue el punto de quiebre que marcó su destino judicial.
También denunció que la persecución alcanzó a su familia, su esposa y dos hijos perdieron sus empleos públicos tras el cambio de gestión. “Hasta a una prima mía corrieron solo por llevar mi apellido”, lamentó.
En su defensa, Latini apuntó que los objetos denunciados “nunca aparecieron” porque algunos fueron robados antes del traspaso de mando y otros siguen dentro del propio Ministerio. “Buscaron un chivo expiatorio para mostrar gestión, mientras la inseguridad hoy se dispara en toda la provincia”, advirtió.
El caso deja a la vista la fractura interna entre viejos cuadros policiales y la actual administración. Latini se convirtió así en un símbolo incómodo, un exfuncionario castigado por el nuevo orden político, en un gobierno que parece más interesado en ajustar cuentas que en resolver los problemas de fondo.
