La AFA y los clubes rechazaron que La Pedrera sea sede de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. En la decisión pesó un diagnóstico lapidario: el Gobierno provincial “no sabe organizar un evento de esta magnitud”.
ActualidadHace 2 horas
Redacción
San Luis volvió a quedar en el centro de una polémica nacional, y esta vez el golpe no vino de la política, sino del fútbol. La final de la Copa Argentina, que debía jugarse en el Estadio Único La Pedrera, fue retirada de la provincia por falta de garantías organizativas. Ni los millones ofrecidos por el gobierno alcanzaron para tapar la improvisación.
Desde la AFA y los propios clubes involucrados fueron contundentes: “La organización priorizó el pedido de ambos clubes de una cancha en la que la policía esté acostumbrada a organizar un partido de fútbol, porque lamentablemente, en San Luis no es así”, señaló Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors. La frase cayó como una bomba en Terrazas del Portezuelo.
El mensaje no sólo apuntó a la falta de experiencia en materia de seguridad deportiva, sino también a la gestión política detrás de los eventos. En los despachos provinciales, la bronca se centró en Adelaida Muñiz y Nancy Sosa, las ministras de Deportes y Seguridad, respectivamente, quienes quedaron expuestas como las principales responsables del papelón.
El Gobierno había puesto sobre la mesa una oferta generosa: cubrir todos los gastos logísticos y de traslado. Sin embargo, el dinero no compró confianza. “Copa Argentina es una empresa privada que busca ganar plata. San Luis era una opción porque el Gobierno pagaba todo, pero ni así”, lanzó Malaspina, dejando en claro que la plata no alcanza cuando falta capacidad.
El revés deportivo se transforma, inevitablemente, en un nuevo síntoma político. La gestión de Claudio Poggi buscaba usar la final como vidriera nacional, pero terminó mostrando exactamente lo contrario: una provincia con estructura, pero sin organización; con estadios modernos, pero sin conducción eficiente.
La Liga Sanluiseña, bajo la conducción de Laura Sánchez, tampoco sale indemne. La relación con la AFA sigue rota y, tras este episodio, más lejana que nunca. San Luis no sólo perdió una final: perdió prestigio, credibilidad y una oportunidad de mostrar que aún puede estar a la altura.
Tras ser sentenciado a dos años y medio de prisión e inhabilitación perpetua, el exministro de Seguridad Claudio Latini denunció una persecución política orquestada desde el propio gobierno de Claudio Poggi y apuntó directamente contra Nancy Sosa, su sucesora en el cargo.
El Senado aprobó que 2026 sea “el Año de la Educación”, pero el presupuesto dice otra cosa: habrá menos fondos para el sistema educativo y los salarios docentes seguirán perdiendo contra la inflación.
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.
Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.
La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.
El gobernador impulsa la reducción de la feria judicial como una “modernización del sistema”, pero los profesionales del Derecho de San Luis lo califican como una medida improvisada, sin sustento técnico ni administrativo. El descanso judicial, dicen, no es un privilegio, sino una necesidad estructural.
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El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.