El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.
ActualidadHace 2 horas
Redacción
El escándalo por los dos millones de dólares del maíz —equivalentes a unos dos mil millones de pesos— sigue sin respuesta. Lo que comenzó como una denuncia privada contra funcionarios terminó apropiado por el propio gobierno, que amplió la causa y la llevó a los juzgados de su conveniencia.
Los productores afectados denunciaron irregularidades en la administración de la producción y reclamaron respuestas sobre la venta y el manejo del cereal. Apuntaron contra varios funcionarios del gobierno de Claudio Poggi, incluso aportando pruebas. Pero ahora, con la movida del poggismo, no solo se quedaron sin maíz, sino que también buscan arrebatarle la denuncia.
Ningún funcionario se vindicó. Algunos, como Bazla, apenas se presentaron a declarar para cumplir con el trámite, mientras el poder político se encarga de mover las piezas del tablero judicial. La pregunta clave sigue flotando: ¿quién tiene el dinero del maíz?
La nueva estrategia del gobierno es clara, confundir. En lugar de aclarar, dispara denuncias ruidosas contra exfuncionarios, buscando desviar la atención y diluir responsabilidades. Son bombas de humo lanzadas para tapar un hecho que, evidentemente, dolió más de lo esperado.
La maniobra exhibe una realidad que ya pocos niegan, la corrupción se les fue de las manos. Lo que era un escándalo administrativo ahora se transformó en una crisis política que erosiona la credibilidad del gobierno de Poggi.
Las causas, por supuesto, terminan en juzgados amigos. Fiscales y jueces alineados con la gestión actual operan en silencio, aferrados a los cargos que les garantizan estabilidad mientras responden a las necesidades políticas del Ejecutivo.
En San Luis, el poder ya no se divide, se concentra. Poggi busca ser juez y parte, dueño de la denuncia y del relato. En lugar de un gobernador, la provincia empieza a convivir con un emperador que quiere controlar hasta la impartición de justicia.
Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.
La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.
El gobernador impulsa la reducción de la feria judicial como una “modernización del sistema”, pero los profesionales del Derecho de San Luis lo califican como una medida improvisada, sin sustento técnico ni administrativo. El descanso judicial, dicen, no es un privilegio, sino una necesidad estructural.
Con una canasta básica que roza los $782 mil, San Luis figura entre las provincias donde más cuesta llenar el carrito. Mientras tanto, el gobernador Claudio Poggi anuncia que “analizará” un aumento salarial. El desfasaje entre los precios y los sueldos ya golpea de lleno a los trabajadores puntanos.
La lista impulsada por el oficialismo provincial se impuso entre denuncias, favoritismos y enojo de los hinchas. A pocas horas de asumir, la nueva presidenta de la Liga enfrentó su primer escándalo: incidentes violentos en un partido y un repudio generalizado en redes.
El Tribunal lo declaró culpable del delito de peculado en perjuicio de la administración pública por la sustracción de bienes desde Terrazas del Portezuelo, cuando era ministro de Seguridad
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La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.
El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.