El Concejo Deliberante aprobó las emergencias económica, administrativa, del transporte y del agua enviadas por la intendencia. La oposición cuestionó la falta de información, el uso político de las herramientas y señaló que la crisis real de la ciudad no fue abordada
ActualidadAyer
Redacción
El Concejo Deliberante de San Luis aprobó los proyectos de emergencia económica, financiera y administrativa, del servicio público de transporte urbano de pasajeros, y la emergencia hídrica y del sistema de provisión de agua potable, todos enviados por el Ejecutivo municipal. Las ordenanzas salieron con el respaldo del bloque oficialista, sin acuerdos previos ni apertura de información detallada sobre su alcance.
Desde el Bloque Justicialista, las críticas fueron directas. El concejal Andrés Russo sostuvo que la declaración de emergencias “es el reconocimiento cabal de que el intendente no sabe administrar los recursos” y advirtió que el Municipio evitó discutir la emergencia sanitaria que atraviesa la ciudad, con problemas persistentes en la recolección de residuos, el sistema cloacal y la proliferación del dengue.
En la misma línea, Juan Martín Divizia afirmó que “la emergencia real es la gestión”, al enumerar déficits estructurales en basura, cloacas, baches y una creciente emergencia social. También cuestionó la ausencia de explicaciones técnicas y la falta de construcción de consensos antes de llevar los proyectos al recinto.
Gastón Temoli aportó un dato clave al debate: según señaló, el Municipio no presenta un ahogamiento financiero y dispone de recursos suficientes. Desde esa base, calificó de “oscura” a la gestión por la escasez de datos públicos y advirtió que la emergencia administrativa suele utilizarse como herramienta para despidos, incluso después de dos años de gobierno.
Paulina Calderón remarcó que no estaban dadas las condiciones objetivas para declarar emergencias y expuso contradicciones entre el discurso político del Ejecutivo y el contenido de los expedientes enviados al Concejo. Para la edil, la brecha entre el relato y los papeles oficiales debilita la credibilidad institucional.
Agustina Gatto apuntó directamente contra el rol del oficialismo en el debate legislativo. Señaló la incapacidad de los concejales oficialistas para defender los proyectos y denunció que se aprobaron ordenanzas que contradicen el reglamento interno y la Carta Orgánica municipal.
Julieta Ponce cerró las intervenciones opositoras al señalar que el principal obstáculo del Municipio es la falta de gestión del intendente y el impacto concreto de esa situación en la vida cotidiana de los vecinos, que siguen sin respuestas en servicios básicos mientras se amplían las facultades extraordinarias del Ejecutivo.
Mientras el IPC nacional fue de 2,5% en noviembre, San Luis encabezó el ranking de inflación provincial con 3,8%, según datos de organismos estadísticos y el Indec. El desfasaje vuelve a exponer problemas locales de precios y costos.
Durante el tratamiento del Presupuesto nacional, la Cámara de Diputados desestimó la eliminación del régimen de Zona Fría. Los diputados por San Luis Mónica Becerra y Carlos Almena votaron a favor de quitar el beneficio, que finalmente fue rechazado por amplia mayoría.
El intendente promovió la ordenanza que eleva de forma significativa las tasas municipales desde 2026 y, en la misma sesión, solicitó una licencia que fue avalada por el Concejo con los votos del poggismo. La decisión generó rechazo en comerciantes y de la oposición.
Convocaron a una protesta el jueves 18 de diciembre a las 18 frente al Correo Argentino.
Vecinos advierten por la proliferación de mosquitos en distintos barrios de la ciudad y señalan la ausencia de una campaña sostenida de descacharreo y fumigación. La acumulación de basura y la falta de planificación agravan el riesgo sanitario en plena temporada crítica.
El concejal agradeció públicamente el respaldo del gobernador a su labor legislativa, en un gesto que tensiona la relación con el intendente Hissa y deja al descubierto una interna cada vez menos disimulada dentro del oficialismo municipal.
La advertencia no es nueva y el problema tampoco: la contaminación no estaría focalizada en un solo punto y podría afectar todo el curso del río. En plena temporada de uso recreativo, crece la preocupación por la salud pública y el ambiente.
En plena crisis de servicios y malestar barrial, el oficialismo municipal llevó la agenda política a una disputa interna por el uso de una oficina del Concejo Deliberante. Un conflicto menor que expone prioridades desalineadas.
Tras los nuevos datos de inflación provincial, el gremio reclamó que el aumento del 5% otorgado por la gestión Poggi es insuficiente y denunció una crisis salarial que golpea a estatales, municipales y beneficiarios del Plan de Inclusión.
Vecinos advierten por la proliferación de mosquitos en distintos barrios de la ciudad y señalan la ausencia de una campaña sostenida de descacharreo y fumigación. La acumulación de basura y la falta de planificación agravan el riesgo sanitario en plena temporada crítica.
El intendente promovió la ordenanza que eleva de forma significativa las tasas municipales desde 2026 y, en la misma sesión, solicitó una licencia que fue avalada por el Concejo con los votos del poggismo. La decisión generó rechazo en comerciantes y de la oposición.
Durante el tratamiento del Presupuesto nacional, la Cámara de Diputados desestimó la eliminación del régimen de Zona Fría. Los diputados por San Luis Mónica Becerra y Carlos Almena votaron a favor de quitar el beneficio, que finalmente fue rechazado por amplia mayoría.
El Concejo Deliberante aprobó las emergencias económica, administrativa, del transporte y del agua enviadas por la intendencia. La oposición cuestionó la falta de información, el uso político de las herramientas y señaló que la crisis real de la ciudad no fue abordada