El Senado aprobó que 2026 sea “el Año de la Educación”, pero el presupuesto dice otra cosa: habrá menos fondos para el sistema educativo y los salarios docentes seguirán perdiendo contra la inflación.
ActualidadHace 2 horas
Redacción
El gobierno de Claudio Poggi consiguió que el Senado le apruebe la declaración de 2026 como “Año de la Educación en San Luis”, una idea presentada como homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Sin embargo, más allá del gesto simbólico, el anuncio llega acompañado de un ajuste silencioso, el presupuesto educativo del próximo año será menor.
Según el proyecto enviado por el Ejecutivo, el Ministerio de Educación dispondrá de $433.003 millones, es decir, $9.078 millones menos que en 2025. La reducción, de un 2,05%, impactará directamente en tres áreas clave: los salarios docentes, la infraestructura escolar y el funcionamiento de los institutos de formación.
Mientras los sueldos continúan muy por debajo de la inflación y las escuelas reclaman mantenimiento, el gobierno decidió que revivirá un viejo conocido, el Plan de Inclusión Educativa (PIE). Más de 10 mil personas serán incorporadas bajo ese programa, cuestionado en su momento por su escasa eficacia académica y su uso político antes que de formación real.
El discurso oficial insiste en que el 2026 será un año “histórico” para la educación puntana. Pero los números y las prioridades del presupuesto dibujan otro escenario, menos inversión para los docentes y más fondos para proyectos de dudoso impacto.
Así, el “Año de la Educación” amenaza con convertirse en una etiqueta vacía, un homenaje de ocasión mientras la realidad escolar sigue deteriorándose. Entre la retórica y los hechos, el gobierno parece más preocupado por los eslóganes que por garantizar el derecho a una educación pública de calidad.
La AFA y los clubes rechazaron que La Pedrera sea sede de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. En la decisión pesó un diagnóstico lapidario: el Gobierno provincial “no sabe organizar un evento de esta magnitud”.
Tras ser sentenciado a dos años y medio de prisión e inhabilitación perpetua, el exministro de Seguridad Claudio Latini denunció una persecución política orquestada desde el propio gobierno de Claudio Poggi y apuntó directamente contra Nancy Sosa, su sucesora en el cargo.
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.
Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.
La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.
El gobernador impulsa la reducción de la feria judicial como una “modernización del sistema”, pero los profesionales del Derecho de San Luis lo califican como una medida improvisada, sin sustento técnico ni administrativo. El descanso judicial, dicen, no es un privilegio, sino una necesidad estructural.
La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.
El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.