La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.
ActualidadHoy
Redacción
Un grupo de periodistas, académicos y organizaciones emitió un comunicado en San Luis denunciando “denegación y demora” en las solicitudes de información pública, una práctica que consideran recurrente y que afecta la transparencia de la gestión de Claudio Poggi.
El documento recuerda que el derecho al acceso a la información está protegido por la Ley Provincial N° V-0924-2015 y la Ley Nacional N° 27.275, y que en temas ambientales la Ley 27.566 (Acuerdo de Escazú) establece obligaciones específicas de transparencia que se estarían incumpliendo.
Según los firmantes, la vulneración del derecho se observa en la falta de respuestas a solicitudes formales, retrasos en entrevistas con funcionarios y la limitación de datos sobre la administración pública. Aunque no se menciona expresamente, el foco de la denuncia apunta a la Secretaría de Comunicación, encabezada por Diego Masci, encargada de gestionar el flujo de información oficial.
Entre las organizaciones que respaldan la denuncia se encuentran la Defensoría del Pueblo de San Luis y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a académicos de la UNSL y periodistas locales.
El comunicado destaca que estas prácticas dificultan la auditoría de actos públicos, limitan la participación ciudadana y condicionan el trabajo de la prensa. “El acceso a la información no puede ser una concesión discrecional”, sostiene el texto.
Entre los firmantes se cuentan Viviana Faura, directora de Santa Rosa del Conlara Noticias; Mario Otero, periodista; y Roberto Vinuesa, editor de elsemiarido.com, entre otros profesionales de la comunicación y la investigación.
El comunicado concluye reclamando el cumplimiento efectivo de las leyes vigentes y advirtiendo que la opacidad sistemática compromete la fiscalización ciudadana y la transparencia en la provincia.
El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.
El gobernador impulsa la reducción de la feria judicial como una “modernización del sistema”, pero los profesionales del Derecho de San Luis lo califican como una medida improvisada, sin sustento técnico ni administrativo. El descanso judicial, dicen, no es un privilegio, sino una necesidad estructural.
Con una canasta básica que roza los $782 mil, San Luis figura entre las provincias donde más cuesta llenar el carrito. Mientras tanto, el gobernador Claudio Poggi anuncia que “analizará” un aumento salarial. El desfasaje entre los precios y los sueldos ya golpea de lleno a los trabajadores puntanos.
La lista impulsada por el oficialismo provincial se impuso entre denuncias, favoritismos y enojo de los hinchas. A pocas horas de asumir, la nueva presidenta de la Liga enfrentó su primer escándalo: incidentes violentos en un partido y un repudio generalizado en redes.
El Tribunal lo declaró culpable del delito de peculado en perjuicio de la administración pública por la sustracción de bienes desde Terrazas del Portezuelo, cuando era ministro de Seguridad
La desaparición de una cosecha de 2 mil hectáreas de maíz en el campo “El Caburé” ya no es solo una mancha administrativa. Nuevas pruebas apuntan al propio ministro del Superior Tribunal, Víctor Endeiza, y al gobernador Claudio Poggi, quien no podría alegar desconocimiento en un negocio de más de 2 millones de dólares.
Con presiones, maniobras y la sombra del Gobierno provincial detrás, la candidata oficialista logró mantener la conducción de la Liga Sanluiseña. La Secretaría de Deportes, clave en el operativo para asegurar el resultado.
El oficialismo de Laura Sánchez busca retener la conducción de la Liga con respaldo del gobierno provincial y denuncias de presiones a los clubes. Del otro lado, Rubén Rey, con apoyo de AFA, intenta poner fin a años de manejos turbios y desconfianza.
En lugar de explicar el destino de los granos valuados en más de 2 millones de dólares, el Gobierno provincial apuntó contra un exfuncionario de su propia estructura
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