Tras los nuevos datos de inflación provincial, el gremio reclamó que el aumento del 5% otorgado por la gestión Poggi es insuficiente y denunció una crisis salarial que golpea a estatales, municipales y beneficiarios del Plan de Inclusión.
ActualidadHace 1 hora
Redacción
ATE San Luis volvió a encender las alarmas luego de la publicación del último Índice de Precios al Consumidor provincial. Con una pérdida acumulada del 80% desde diciembre de 2023, el sindicato reclamó al gobernador Claudio Poggi la apertura inmediata de una mesa para rediscutir salarios ante lo que consideran una crisis sin precedentes en el sector público.
El secretario general, Fernando Gatica, sostuvo que los datos difundidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación confirman que el incremento del 5% otorgado por el Ejecutivo quedó totalmente desfasado. Aseguró que no se trata de ajustes puntuales, sino de la necesidad de un plan sostenido que permita recuperar el poder de compra perdido durante el último año.
Los registros del IPC —2,4% en octubre y 3,8% en noviembre— reforzaron la preocupación sindical, incluso en meses de relativa calma inflacionaria, los ingresos de estatales y municipales continúan corriendo detrás de los precios. Para ATE, el deterioro avanzó a tal punto que ningún aumento aislado puede revertirlo.
El gremio recordó que desde comienzos de año elevó múltiples pedidos formales, tanto en soledad como en conjunto con la Mesa Intersindical, para acordar una estrategia de recomposición. Sin embargo, denuncian que la respuesta del oficialismo fue cerrar la discusión y optar por un camino de ajuste, acompañado de episodios de estigmatización hacia los trabajadores y sus representantes.
La organización insistió en que el impacto de la inflación sobre los salarios terminó empujando a miles de familias a niveles de endeudamiento que antes no registraban. Con una canasta básica que crece por encima de los ingresos, el cuadro se volvió cada vez más difícil para estatales, municipales y beneficiarios del Plan de Inclusión.
ATE remarcó que la responsabilidad ahora recae directamente sobre el Gobierno provincial. Según el gremio, la situación es insostenible y requiere una respuesta política que vaya más allá de aumentos esporádicos y contemple una recomposición integral capaz de frenar la caída del poder adquisitivo.
La lista de casi 3.000 inscriptos incluyó a dirigentes del oficialismo y familiares del intendente con licencia. La comunidad denuncia que su participación desplaza a familias que realmente necesitan una vivienda.
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El gobernador confirmó públicamente que el senador electo por San Martín no ocupará la banca. La maniobra deja expuesta una estrategia electoral que vacía la representación departamental.
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