LavalleLa renuncia de Ricardo Bazla (secretario de Estado de Ética imputado por 8 delitos) contiene una anomalía semántica que, lejos de ser un error, opera como una confesión conceptual.
En el último párrafo del documento, el funcionario agradece haber sido parte de un “inédito gobierno de colación”. La palabra no es menor. En términos jurídicos, la colación es una institución propia del derecho sucesorio, implica la obligación de los herederos de traer a la masa hereditaria los bienes recibidos en vida para su distribución equitativa.
No hay ambigüedad posible. La colación no organiza gobierno, sino reparto.
Bajo esa lógica, el desliz léxico de Bazla no desentona con los hechos que lo rodean. Un funcionario cuya función era garantizar la ética pública termina imputado por corrupción en el marco de una causa que involucra recursos, apropiaciones y decisiones estatales bajo sospecha. El órgano de control se convierte en objeto de investigación. Es decir, quien debía custodiar la integridad del sistema, queda alcanzado por su propia degradación.
Desde esa perspectiva, el término “colación” deja de ser un error y se vuelve una categoría explicativa. No describe un accidente gramatical, sino un modo de funcionamiento, que tiene que ver con la administración del Estado como si se tratara de una masa disponible para distribución.
La diferencia no es semántica. Es institucional. Porque cuando el poder se ejerce bajo lógica de herencia, el resultado no es gestión sino litigio. Y el cierre del ciclo no es político, sino judicial.
Bazla firmó su renuncia. Pero antes, dejó asentado el concepto. No era coalición, era colación.
