Con una canasta básica que roza los $782 mil, San Luis figura entre las provincias donde más cuesta llenar el carrito. Mientras tanto, el gobernador Claudio Poggi anuncia que “analizará” un aumento salarial. El desfasaje entre los precios y los sueldos ya golpea de lleno a los trabajadores puntanos.
Mientras la inflación pulveriza los sueldos, el intendente Gastón Hissa insiste en maquillar la crisis salarial con acuerdos bancarios. Más endeudamiento, menos alivio real para los trabajadores.
Mientras la gestión de Gastón Hissa insiste en ajustar a los empleados municipales, el sindicato profundiza su plan de lucha. Denuncian descuentos ilegales, persecución y violencia laboral en el Centro de Disposición Final.
Mientras los trabajadores municipales reclaman aumentos y mejores condiciones, los gremialistas del oficialismo —Magallanes, Sosa y Suárez— justifican la falta de incrementos y aceptan la promesa del intendente de recién “evaluar” los salarios en noviembre.
El incremento alcanza un tristísimo 6% y fue considerado como insuficiente por los trabajadores. Con la plata que tiene de sobra, el gobernador podría aumentar más 50% los salarios estatales.
San Luis no vive una etapa de orden, sino de desmantelamiento. El superávit no es señal de buena administración, sino de una decisión política consciente, la de quitarle a los que más necesitan para engrosar balances y mostrar solvencia ante el poder central.
Aseguran que los salarios están congelados en el tiempo, desactualizados, y absolutamente desfasados respecto al costo de vida y a la responsabilidad que implica sostener la formación de futuros educadores.
Tuvo una caída del 29,5% respecto al 2023. El ajuste de Claudio Poggi golpeó directamente a los trabajadores de la educación.
Advierten que la gestión municipal tiene casi 7 mil millones de pesos en fondos FIMA que pueden destinarse para beneficiar a los trabajadores. El 100% está por debajo de la línea de pobreza.
Advirtieron que los salarios fueron “pulverizados” y afecta la calidad de vida de los trabajadores en la provincia.
El intendente aumentó su sueldo y el de los funcionarios por encima de lo que otorgó a los municipales. Bronca y repudio.
Los gremios se manifestaron en contra del incremento del 20% en cuatro tramos, porque consideran que es insuficiente frente a la inflación. "Es una vergüenza", dijeron.
Solo ATE lo catalogó de insuficiente. Malestar en los municipales por la falta de incrementos reales y el atraso salarial respecto a la situación económica.
Con el acumulado de inflación rondando el 70% anual, el 25% que lleva otorgado el gobierno provincia no cubre las necesidades básicas.
A solo 24 horas de hacerse cargo del gobierno, constituyó cinco plazos fijos en dos entidades bancarias.
Le solicitan a la gestión de Hissa una adecuación de acuerdo a la inflación. No reciben aumento desde noviembre del año pasado. Silencio atroz de los gremios aliados a la intendencia.
Desde ATE señalaron que los recursos alcanzan para otorgar $150 mil de aumento al personal municipal de San Luis.
Este viernes realizarán una protesta en Terrazas de Portezuelo, para reclamar aumento y equidad salarial, entre otros puntos.
Hay gran malestar en todas las áreas. De no haber anuncios de aumentos reales podrían haber nuevas medidas de fuerza.
Lo hicieron a través de una carta que enviaron al jefe comunal. El último aumento salarial real fue el año pasado.
El Sijupu sigue firme y espera que el Gobierno resuelva la situación.
Rechazaron el anuncio del Gobernador y exigen una recomposición acorde a la inflación.
Poggi anunció un 15% de aumento para los trabajadores estatales que ya fue rechazado por los gremios. En simultaneo el gobierno publicó los sueldos de los distintos escalafones y generó una cataratas de críticas.
A partir de mayo, se bonificará el presentismo a aquellos empleados que demuestren “responsabilidad y vocación”.
El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.
La AFA y los clubes rechazaron que La Pedrera sea sede de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. En la decisión pesó un diagnóstico lapidario: el Gobierno provincial “no sabe organizar un evento de esta magnitud”.