El incremento alcanza un tristísimo 6% y fue considerado como insuficiente por los trabajadores. Con la plata que tiene de sobra, el gobernador podría aumentar más 50% los salarios estatales.
ActualidadEl jueves
Redacción
Apremiado por los números que reveló la cuenta de inversión 2023, que expusieron un superávit millonario en plena crisis social y económica, Claudio Poggi anunció un aumento del 6% para los empleados públicos. Una cifra ínfima que no alcanza ni a disimular el deterioro salarial acumulado desde el inicio de su gestión.
El gobierno, acorralado por sus propias cifras, intenta ahora maquillar el ajuste con un aumento que en términos reales no supera los $50.000. Para los trabajadores estatales, representa una burla. Con los fondos disponibles —más de $189 mil millones de superávit— se podrían otorgar incrementos por encima del 50%. Sin embargo, el Poder Ejecutivo optó por sostener su relato de escasez, pese a que los números lo desmienten.
La administración Poggi ha duplicado la pobreza y la indigencia en la provincia. Lo hizo con una receta ya conocida, ajuste sobre los sectores más vulnerables y paralización de servicios esenciales. En ese marco, el aumento anunciado generó un fuerte rechazo entre los gremios estatales, que lo consideran “mísero” y “provocador”.
UNA CADENA DE PAPELONES Y MALA FE
Hace apenas unos días, el propio gobernador había descartado nuevos aumentos y llegó a insinuar que el pago del aguinaldo era un mérito. Sin embargo, el impacto político de la cuenta de inversión lo obligó a ensayar una corrección. No hubo autocrítica ni reconocimiento del error, sólo una maniobra defensiva para contener el malestar, que terminó resultando peor.
La realidad es concreta, Poggi nunca recibió una provincia quebrada. Según sus propios datos oficiales, en enero de 2024 había más de $93 mil millones disponibles. El relato de crisis fue una construcción política para justificar el ajuste. Pero la plata que sobró no está en los hospitales, ni en las escuelas, ni en la obra pública. Está en fondos fiduciarios, en inversiones financieras y en negocios que benefician a unos pocos.
El anuncio de este aumento mínimo no corrige nada. Solo confirma el rumbo de una gestión que gobierna con abundancia presupuestaria pero con una política de carencia programada.
San Luis no vive una etapa de orden, sino de desmantelamiento. El superávit no es señal de buena administración, sino de una decisión política consciente, la de quitarle a los que más necesitan para engrosar balances y mostrar solvencia ante el poder central.
Trabajadores acusan a los directivos de ejercer un régimen laboral inhumano, con amenazas, vigilancia ilegal y sanciones arbitrarias. El verdadero mando lo tiene un concejal que ya sueña con la intendencia.
El análisis político más querido y odiado por la runfla aparece un lunes. Otro invento para justificar lo poco amenos al trabajo que son los redactores de esta sección. Comencemos..
El mandatario forma parte del grupo de gobernadores ex macristas que quieren congraciarse con el presidente Javier Milei. Para ello, prometieron no votar las dos iniciativas que presentó la oposición. El peligro de que el poggismo tenga más bancas en las elecciones de octubre.
Un informe de julio 2025 revela que la provincia lidera el ranking nacional de interés resarcitorio para contribuyentes que adeudan el impuesto a los Ingresos Brutos. La tasa alcanza el 7%, por encima de Buenos Aires y Santa Cruz.
La Municipalidad de San Luis presentó como un logro la reubicación de luminarias en el barrio Mirador del Portezuelo, que días antes habían sido desmontadas por la misma administración. Tras los reclamos vecinales, fueron reinstaladas con una improvisada protección “antivandálica”. La maniobra ya había sido denunciada por concejales de la oposición.
Mientras los medios alineados al gobierno atacaron con furia a Carolina Monte Riso por una publicación privada, callaron escandalosamente cuando un juez oficialista protagonizó un choque manejando alcoholizado. La vara del poder, más torcida que el discurso de campaña.
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