Redacción
El Ente de Control de Rutas se convirtió en un organismo opresivo y absolutamente disfuncional. Lejos de garantizar rutas seguras, acumula denuncias por maltrato laboral, amenazas, espionaje interno y condiciones de trabajo que rozan lo inhumano. Lo que antes era un ente técnico ahora parece más una comisaría clandestina disfrazada de dependencia pública.
En el centro de las acusaciones están Ariel Páez, director, Marcelo Sisso (el jefe real) y su ex esposa, Mariela Soledad Díaz Garro, actual subdirectora contable, sindicada como la ejecutora de las persecuciones diarias. Empleados aseguran que instaló cámaras con micrófonos en las oficinas, una práctica completamente ilegal que recuerda más a un régimen autoritario que a una gestión provincial. La vigilancia constante, las amenazas solapadas y el castigo inmediato a quienes se atreven a reclamar, completan el retrato de un lugar donde trabajar se parece demasiado a sobrevivir.
Pero los nombres propios no terminan ahí. Todos los caminos conducen a Ignacio Olagaray, concejal de Potrero de los Funes y aspirante a intendente, quien maneja el Ente desde las sombras. Como no puede figurar como autoridad formal —ni quiere dejar la banca—, opera a través de los directivos, que no son más que fusibles a su servicio. Estos son Sisso y Paez, que configuran la línea de poder en el área.
En Terrazas lo saben todos, pero nadie lo dice en voz alta. Mientras tanto, los trabajadores deben cumplir jornadas de 180 horas mensuales, con turnos de 9 días seguidos por solo 2 de descanso, sin protección ni reconocimiento por las tareas a la intemperie.
Ante la imposibilidad de alzar la voz sin ser sancionados o reubicados como castigo, los empleados recurrieron al único canal que les queda, pegar carteles en los ascensores de la Casa de Gobierno. Allí denuncian lo que pasa puertas adentro.
El vaciamiento del Ente ya no es un secreto. Hoy no se arreglan rutas ni se supervisan obras viales, solo se corta pasto en espacios verdes. En el mundillo político corre una versión conocida, la dependencia funcionaría, como en la anterior gestión de Claudio Poggi, como una usina paralela de fondos para costear los actos oficiales. Pantallas LED, sonido, cámaras, estructura técnica… todo reluce menos la situación de los trabajadores, que siguen desprotegidos, precarizados y silenciados.
