Un superávit que esconde una profunda deuda social

San Luis es una de  las provincias con mejores números fiscales del país. Le sobra la plata. Pero ese superávit no es sinónimo de eficiencia, sino el resultado directo de un brutal ajuste que desmanteló la educación, la salud, la seguridad, los salarios y la asistencia social. La abundancia de recursos convive con la precariedad estructural.

Mientras el gobierno de Claudio Poggi festeja con números en mano el cierre del ejercicio 2024 con un ahorro de $189.876 millones, la provincia atraviesa una de las crisis sociales más profundas de los últimos tiempos. La aprobación en Diputados de las Cuentas de Inversión dejó al descubierto una paradoja escandalosa, la plata está, pero no se usa para mejorar la vida de los puntanos.

Según el propio Tribunal de Cuentas, al 31 de diciembre de 2023. días después de la asunción de Poggi, San Luis tenía un saldo financiero de $93.590 millones. Es decir, no solo había fondos suficientes para pagar los sueldos a término, sino también para reforzar áreas clave como salud, educación y seguridad. Pero el gobierno eligió otro camino, pagar los salarios en cuotas, acumular dinero en plazos fijos y fondos de inversión mientras desfinancia el Estado.

Así, el relato del “no hay plata” quedó completamente desmentido. Fue una construcción mediática sostenida con todos los recursos de la maquinaria propagandística oficial, destinada a justificar el ajuste más salvaje de los últimos años.

El superávit no fue un logro administrativo, sino el resultado de recortar derechos. Por eso, más que ahorro, lo que hay es deuda. Pero no una deuda con los bancos o los organismos internacionales. Es una deuda social, con los docentes que cobran sueldos miserables, con los policías que deben mendigar equipamiento, con los enfermos que no consiguen mejoras, con los trabajadores públicos que vieron licuado su poder adquisitivo.

Los números lo confirman:

• Cada trabajador estatal perdió, en promedio, más de $400.000 mensuales por efecto del ajuste.
• Con los recursos “ahorrados”, se podría haber triplicado el presupuesto de la Policía, hoy desbordada e ineficiente.
• Se podrían haber multiplicado por 17 las inversiones en infraestructura hospitalaria, en una provincia donde sobran discursos y faltan camas.
• El presupuesto destinado a salud primaria podría haberse incrementado 32 veces, pero el sistema sigue colapsado.
• Los centros oncológicos, fundamentales para cientos de pacientes, podrían haber funcionado con 22 veces más presupuesto, pero recibieron migajas.
• La obra social DOSEP, al borde del colapso, podría haber recibido 4,5 veces más recursos, pero la salud de los trabajadores nunca fue prioridad.
• En educación, el Estado dejó de invertir el equivalente al 70% del presupuesto anual. Lo que no fue ahorro, fue abandono.

San Luis no vive una etapa de orden. Vive una etapa de desmantelamiento. El superávit no es señal de buena administración, sino de una decisión política consciente, la de quitarle a los que más necesitan para engrosar balances y mostrar solvencia ante el poder central.

Dijeron que no había dinero para pagar sueldos, pero lo había. Aseguraron que había que ajustar para salvar la provincia, pero los números demuestran lo contrario. La gestión de Poggi optó por castigar al trabajador, al paciente, al docente, al estudiante, mientras acumulaba millones sin destino.

El verdadero saldo de esta administración no se mide en cuentas bancarias, sino en derechos vulnerados. El superávit que hoy exhiben como trofeo es, en realidad, la cara contable de un ajuste que dejó a miles de puntanos sin salud, sin educación, sin salario digno y sin futuro.