Ajuste

Los empleados estatales ya fueron dados de baja y no cobrarán a fin de mes. La medida fue presentada como “no renovación de contratos”, mientras el Ejecutivo mantiene sueldos de hasta $2,5 millones para asesores sin funciones claras.

San Luis no vive una etapa de orden, sino de desmantelamiento. El superávit no es señal de buena administración, sino de una decisión política consciente, la de quitarle a los que más necesitan para engrosar balances y mostrar solvencia ante el poder central.

El mandatario forma parte del grupo de gobernadores ex macristas que quieren congraciarse con el presidente Javier Milei. Para ello, prometieron no votar las dos iniciativas que presentó la oposición. El peligro de que el poggismo tenga más bancas en las elecciones de octubre.

Mientras los hospitales enfrentan la falta de insumos, las escuelas atraviesan el invierno sin calefacción y los salarios estatales continúan congelados, la administración provincial acumuló una suma récord de recursos no ejecutados. Los números también desmienten el argumento del recorte nacional: la coparticipación creció y benefició especialmente a los intendentes aliados.

Tuvo una caída del 29,5% respecto al 2023. El ajuste de Claudio Poggi golpeó directamente a los trabajadores de la educación.

El lugar pertenece al Círculo de Suboficiales del Ejército.

Se trata de las dependencias que funcionaban en Quines y Nueva Galia. Además de los despidos que se desarrollaron por el cierre, cientos de ciudadanos deben llegar hasta la capital puntana para poder realizar un trámite con un boleto de colectivo que cuesta más de 7 mil pesos.

El ajuste va de la mano con la ordenanza aprobada por el bloque oficialista en el Concejo Deliberante, que permite al jefe comunal modificar la tarifa periódicamente y de manera arbitraria.

Organizaciones feministas, sindicales, civiles y autoconvocadas se manifestaron contra los despidos, el hambre y exigieron la declaración de la emergencia alimentaria.

La ola de bajas no se detiene y crece cada semana. Denuncian que se trata de un ajuste en la dependencia con el objetivo de privatizar algunas labores que realizaba el Estado.

Este miércoles salieron nuevos telegramas a los domicilios de los trabajadores. Denuncian persecución, despidos sin causa y decretos mal realizados.

Los empleados públicos cobrarán el día 31 de enero el 50% de sus haberes, realizándose un pago mínimo de bolsillo de $300.000 y el saldo restante del sueldo se realizará el 6 de febrero.