El lugar pertenece al Círculo de Suboficiales del Ejército.
Actualidad29 de octubre de 2024
Redacción
El Gobierno resolvió poner en remate a cientos de propiedades y predios que forman parte del Estado Nacional, algunas de ellas aún con oficinas en pleno funcionamiento. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
En San Luis, es el predio de Rodeo del Alto, donde funciona el Círculo de Suboficiales del Ejército el que será puesto en venta. La noticia sorprendió incluso a las autoridades de las fuerzas armadas que no estaban al tanto de la situación.
La medida se publicó en el Boletín Oficial el pasado 25 de octubre, con el decreto 950/2024 firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El anuncio oficial anticipó que “son más de 400 inmuebles”, según se desprende del anexo de la normativa.
A tono con la promesa libertaria de la motosierra y el poder que otorga la “Ley Bases”, la AABE hará efectivo un achicamiento físico y patrimoniales del tamaño de la administración pública. Las primeras subastas se iniciarán antes de fin de año y se irán publicando progresivamente en los próximos meses en el sitio oficial del organismo que depende de la Jefatura de Gabinete.
El extenso listado afecta a áreas de distinto tipo, como edificios públicos, predios ferroviarios, superficies aledañas a rutas nacionales y superficies en zonas rurales, entre otros.
En las próximas semanas, la AABE tiene previsto habilitar la oferta de los inmuebles y subastar por etapas en base al estudio registral y dominial. Según lo publicado en el Boletín Oficial, son propiedades que se ven alcanzadas por los decretos Nros. 952/16, 1064/16, 1173/16, 225/17, 928/17, 355/18, 1088/18, 345/19 y 518/19 y de las Decisiones Administrativas Nros. 249/18, 24/19, 317/19 y 610/19 que no hubieran sido enajenados a la fecha.
La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.
El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.
Un grupo de integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con Jorge Gastón Hissa y lo responsabilizaron por el caos que generó la proliferación de manteros. Aunque agradecieron la convocatoria, aseguran que las soluciones que ahora propone ya existían en la gestión anterior y que el intendente sólo reacciona mirando el calendario electoral.
La bancada opositora busca suprimir el requisito impuesto por el Ejecutivo, al que señalan como ilegal y responsable de trabar la renovación del carnet a cientos de vecinos. El dictamen en minoría apunta a restituir los criterios de la Ley Nacional de Tránsito.
Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.
Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
La información que publicó el senador Bartolo Abdala contradice el discurso central del gobierno de Claudio Poggi, que insiste en denunciar una caída histórica de recursos. Los números libertarios muestran otra cosa, hubo más fondos, incluso por encima de la inflación.
Una inspección originada por ATE expuso fallas estructurales, falta de mantenimiento y condiciones insalubres en el corralón y el edificio municipal de La Punta. El informe apunta directamente al intendente Luciano Ayala y a su gabinete.
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El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.
Del Profe Aedes
La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.