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El Bloque Justicialista presentó un proyecto para eliminar el “libre deuda” de tasas que Hissa exige para la licencia de conducir
La bancada opositora busca suprimir el requisito impuesto por el Ejecutivo, al que señalan como ilegal y responsable de trabar la renovación del carnet a cientos de vecinos. El dictamen en minoría apunta a restituir los criterios de la Ley Nacional de Tránsito.
Actualidad19 de noviembre de 2025
Redacción
El Bloque Justicialista presentó en la Comisión de Hacienda un dictamen en minoría que se convirtió para desactivar el “libre deuda” que el intendente Gastón Hissa incorporó como condición para obtener o renovar la Licencia de Conducir. La medida generó demoras, trámites trabados y vecinos que no pudieron sacar su carnet por deudas ajenas al sistema de tránsito.
El proyecto propone suprimir por completo el libre deuda del articulado tarifario y redactar nuevamente el punto para que la licencia quede sujeta únicamente a los requisitos previstos por la normativa nacional y provincial. En paralelo, el bloque subraya que el municipio ya dispone de herramientas suficientes para cobrar deudas sin interferir en trámites esenciales.
El concejal Andrés Russo advirtió que la exigencia introducida por el Ejecutivo carece de sustento legal. Recordó que la Ley Nacional de Tránsito 24.449, vigente en la provincia, establece los requisitos para la licencia y no contempla verificaciones fiscales. Para el bloque, el municipio alteró un procedimiento regulado a nivel nacional con un objetivo estrictamente recaudatorio.
Desde el bloque opositor remarcan que el libre deuda no tiene ninguna relación con la seguridad vial y que la Justicia ya dictaminó en otras jurisdicciones que estas prácticas son ilegales. En esos casos, los tribunales sostuvieron que no se puede condicionar un trámite imprescindible (y muchas veces ligado a la actividad laboral) al pago de deudas municipales que cuentan con sus propios mecanismos de cobro.
Distintas situaciones se repitieron en los últimos meses, trabajadores que dependen de la licencia para sostener ingresos, vecinos con planes de pago demorados y trámites que quedaron paralizados por montos mínimos. Para el Bloque Justicialista, el resultado fue una barrera económica disfrazada de requisito administrativo.
El planteo abrió un capítulo político dentro del Concejo. Los justicialistas interpretan el episodio como el síntoma de una gestión que prioriza la recaudación por sobre el orden legal y el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Ahora será el oficialismo el que deberá explicar por qué insiste en sostener un requisito que ya demostró más problemas que resultados.
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