Trabajadores marcharán este martes en rechazo a la pérdida del poder adquisitivo y a la falta de respuestas del gobierno provincial. La protesta apunta a un problema que el oficialismo intenta minimizar, como es la caída estructural del salario estatal.
ProvincialesHace 2 horas
Redacción
La convocatoria de los trabajadores estatales para este martes no es un hecho aislado, sino la expresión más visible de un conflicto que el gobierno provincial arrastra hace dos años y que ya no puede tapar con bonos ni anuncios sueltos. Sostienen que perdieron el 47% de su salario real, una cifra que no fue desmentida por ninguna autoridad. En un contexto donde San Luis solía presumir estabilidad, el ajuste silencioso perforó uno de los pilares del Estado.
La marcha reúne a empleados de otros sectores públicos convocados por la Mesa Intersindical Estatal. Esa amplitud muestra que el malestar traspasa lo sectorial. Salud, educación, seguridad y municipios viven la misma ecuación, salarios rezagados, tareas crecientes y un 5% de aumento que no modifica en nada el cuadro general.
La respuesta del gobierno de Poggi fue el ya conocido recurso del bono, un alivio momentáneo, útil para un anuncio, pero insuficiente para recomponer ingresos corroídos durante meses. El mensaje implícito, que el deterioro salarial es el nuevo orden, encontró un límite. “No vamos a aceptar que esta pérdida sea el nuevo normal”, dicen los trabajadores, y la frase resume un quiebre político más que gremial.
El gobierno enfrenta así una movilización que no se organiza desde los márgenes sino desde el corazón del Estado. Y lo hace en un momento delicado, cuando cada conflicto laboral desnuda la distancia entre la narrativa oficial y la realidad de quienes sostienen los servicios públicos.
Vecinos apuntan contra el predio de la presidenta de la Liga Sanluiseña por graves irregularidades: venta de alcohol, falta de habilitación, ausencia de matafuegos y seguros. El negocio personal de Sánchez vuelve a quedar bajo sospecha.
El exintendente de Potrero de los Funes rompió el silencio y apuntó contra los medios alineados con el oficialismo provincial. Denunció una campaña sucia en su contra y acusó a los candidatos poggistas de esquivar los verdaderos problemas de la localidad.
La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.
El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.
En la 78° Sociedad Rural de San Luis, el gobernador reaccionó con una grosería ante una corresponsal de Lafinur que le consultó por su relación con José Luis Espert. Lo negó, pese a las fotos y visitas previas, y terminó lanzando una frase irrespetuosa que dejó expuesta su intolerancia.
El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una maniobra sin precedentes: concejales y funcionarios provinciales presentaron una demanda plagada de citas falsas, fallos inventados y doctrina inexistente.
Denuncian un “plan sistemático” para disciplinar voces críticas: concentración de pauta, represalias y medios fantasma financiados con fondos públicos.
El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
Decretos firmados el 17 de septiembre readecuaron los sueldos de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que conduce Néstor Ordoñez. Mientras los estatales continúan muy por debajo de la canasta básica alimentaria.
La información que publicó el senador Bartolo Abdala contradice el discurso central del gobierno de Claudio Poggi, que insiste en denunciar una caída histórica de recursos. Los números libertarios muestran otra cosa, hubo más fondos, incluso por encima de la inflación.
Una inspección originada por ATE expuso fallas estructurales, falta de mantenimiento y condiciones insalubres en el corralón y el edificio municipal de La Punta. El informe apunta directamente al intendente Luciano Ayala y a su gabinete.
Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.