El gobernador Claudio Poggi anticipó que “el año va a ser difícil” y pidió “agudizar los gastos”. La pregunta es inevitable: ¿a quién le está hablando? ¿A su gabinete o a las familias que ya no llegan a fin de mes?
Otro bochorno de la presidenta del HCD deja dudas sobre la aprobación de la ordenanza del presupuesto 2026
La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.
Actualidad20 de noviembre de 2025
Redacción
La forma en que se aprobó el Presupuesto 2026 de la Municipalidad de San Luis dejó más de una incógnita. El apuro impuesto por Laura Sánchez, presidenta del Concejo Deliberante, derivó en un procedimiento que la oposición considera nulo y pasible de ser frenado judicialmente, al haberse vulnerado los tiempos y el derecho de los ediles a expresarse y votar.
En pleno debate, Sánchez cortó la palabra al concejal Alejandro Cordido y avanzó con la votación sin permitir que se completara la intervención ni se garantizara el ejercicio pleno del voto. La excusa fue un supuesto agravio al oficialismo y derivó en otra votación que pasó por encima del reglamento interno.
La oposición prepara una medida cautelar para declarar irregular la aprobación, amparada en la violación de las normas del HCD y en la imposibilidad de manifestar posición en una instancia clave. Advierten que otra vez se rompió un límite institucional y está en duda la legitimidad de la votación.
El episodio expone a Sánchez, más preocupada por proteger la susceptibilidad del intendente Jorge Gastón Hissa que por resguardar las reglas de funcionamiento del cuerpo. Un bochorno que es una mancha más a una gestión de la presidencia que roza lo ridículo.
Alejandro Cordido, concejal a quien se le cercenó la palabra, calificó la actitud como vulgar y carente de conocimiento reglamentario. Más allá del tono, el hecho concreto es inquietante, un presupuesto aprobado a las apuradas y con voces silenciadas queda automáticamente bajo sospecha.
El interrogante ahora no es solo jurídico, sino político: ¿qué valor tiene una ordenanza nacida entre interrupciones, gritos y decisiones exprés?
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