Mientras los hospitales enfrentan la falta de insumos, las escuelas atraviesan el invierno sin calefacción y los salarios estatales continúan congelados, la administración provincial acumuló una suma récord de recursos no ejecutados. Los números también desmienten el argumento del recorte nacional: la coparticipación creció y benefició especialmente a los intendentes aliados.
ActualidadAyer
Redacción
El discurso de austeridad con el que Claudio Poggi justificó el ajuste que impactó de lleno en trabajadores estatales, prestadores de servicios y sectores vulnerables, quedó desmentido por los datos oficiales del Tribunal de Cuentas. El gobierno provincial cerró el ejercicio 2024 con un superávit de $189.876 millones, luego de haber recaudado $1.332.184 millones y ejecutado apenas $1.142.307 millones en gastos.
La magnitud del excedente pone en evidencia que el recorte no fue una necesidad técnica, sino una decisión política deliberada. A pesar de disponer de fondos, el Ejecutivo recortó en áreas sensibles como salud, educación y asistencia social. La falta de calefacción en las escuelas, la escasez de medicamentos e insumos en hospitales y la parálisis de programas sociales no respondieron a un problema de caja, sino a un modelo de administración centrado en la acumulación de recursos antes que en la resolución de las urgencias de la población.
La retórica del sacrificio compartido pierde legitimidad ante cifras que demuestran que el ajuste no fue para salvar las cuentas públicas, sino para disciplinar el gasto bajo un enfoque ideológico. San Luis no estaba quebrada. Todo lo contrario: tenía un respaldo financiero que, de haberse destinado a salarios e infraestructura esencial, podría haber mitigado el impacto de la crisis económica nacional.
Coparticipación en aumento y reparto político de los fondos
El otro pilar del relato oficial también comienza a desmoronarse. La supuesta caída de los fondos nacionales no sólo no existió, sino que, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), San Luis recibió más de $603.000 millones por coparticipación en el primer semestre de 2025. Esta cifra representa una suba real interanual del 1,9% y una variación nominal del 55%.
El mes de mayo marcó un pico histórico, con ingresos por $108.893 millones, lo que implica una suba real del 24% respecto al mismo mes del año anterior y un crecimiento nominal del 372,7%. Junio también arrojó cifras positivas, con $114.422 millones, y una suba real interanual del 4%.
Lejos de una provincia asfixiada por la reducción de envíos nacionales, San Luis vio incrementados sus ingresos por transferencias automáticas. Sin embargo, la distribución interna de esos recursos expone otro problema: el uso político de la coparticipación secundaria.
Los municipios gobernados por dirigentes cercanos a Claudio Poggi —como Jorge Gastón Hissa en la ciudad de San Luis, Pedro Tagliente en Juana Koslay, Maxi Frontera en Villa Mercedes y Luciano Ayala en La Punta— reciben cada vez más recursos, en detrimento de comunas gobernadas por espacios opositores.
En la capital puntana, el concejal Andrés Russo presentó documentación que demuestra cómo, a contramano del discurso de crisis, la gestión de Hissa incrementó significativamente los fondos que recibe del Ejecutivo provincial, sin sufrir ningún tipo de recorte. Mientras Poggi sostiene públicamente que “no hay plata”, las transferencias hacia sus intendentes aliados muestran otra cara del ajuste, una estrategia de administración partidaria de los fondos públicos.
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Las expresiones vertidas en este resumen político, son exclusivamente de orden humorístico, periodístico e irónico. Quien no lo entienda así, deberá recursar compresión de textos, según la edad escolar que le corresponda.
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