
Del Profe Aedes
Daniel Piñeda, subdirector de Ingresos Públicos, intentó apuntar contra la gestión anterior, pero concejales justicialistas lo dejaron expuesto con munición gruesa sobre los desmanejos actuales del municipio.
Provinciales18 de agosto de 2025
Redacción
Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un papelón político para la gestión de Gastón Hissa. Daniel Piñeda, subdirector de Ingresos Públicos, intentó marcar territorio con un comentario contra la administración pasada en el perfil del periodista Hernán Pacheco. Lo que parecía una jugada para mostrar iniciativa terminó siendo un boomerang: concejales de la oposición aprovecharon la ocasión para desnudar algunos de los flancos más débiles del oficialismo municipal.

Andrés Russo, Juan Martín Divizia y Paulina Calderón —ediles del bloque Justicialista— no dejaron pasar la oportunidad. Le recordaron a Piñeda que la ciudad sufre un descontrol creciente de manteros, consecuencia directa del abandono de la Galería Chacabuco, que debía funcionar como espacio de contención para los vendedores ambulantes. También lo cruzaron por las compras con sobreprecios de camiones y por la desgastada estrategia de Hissa de culpar sistemáticamente a la gestión anterior cada vez que se enciende un conflicto.
Además, subrayaron que el Ejecutivo acumula un sinfín de pedidos de informe ignorados, todos vinculados a temas sensibles que afectan a la vida cotidiana de la ciudad.
Un funcionario en el centro de la tormenta
Piñeda es señalado como un engranaje central de dos crisis simultáneas, la proliferación de manteros en pleno centro y el ahogo económico de los contribuyentes por los incrementos abusivos de más del 700% en las tasas municipales. En vez de instalar el relato oficial, el subdirector de Ingresos Públicos quedó como el rostro visible de un gobierno municipal que, cada vez que abre la boca, parece cavar un poco más su propio pozo.

Del Profe Aedes

Trabajadores marcharán este martes en rechazo a la pérdida del poder adquisitivo y a la falta de respuestas del gobierno provincial. La protesta apunta a un problema que el oficialismo intenta minimizar, como es la caída estructural del salario estatal.

Vecinos apuntan contra el predio de la presidenta de la Liga Sanluiseña por graves irregularidades: venta de alcohol, falta de habilitación, ausencia de matafuegos y seguros. El negocio personal de Sánchez vuelve a quedar bajo sospecha.

El exintendente de Potrero de los Funes rompió el silencio y apuntó contra los medios alineados con el oficialismo provincial. Denunció una campaña sucia en su contra y acusó a los candidatos poggistas de esquivar los verdaderos problemas de la localidad.

La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.

El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.

En la 78° Sociedad Rural de San Luis, el gobernador reaccionó con una grosería ante una corresponsal de Lafinur que le consultó por su relación con José Luis Espert. Lo negó, pese a las fotos y visitas previas, y terminó lanzando una frase irrespetuosa que dejó expuesta su intolerancia.

El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una maniobra sin precedentes: concejales y funcionarios provinciales presentaron una demanda plagada de citas falsas, fallos inventados y doctrina inexistente.

Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.

El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.

Del Profe Aedes

La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.

Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.