Redacción
La gestión del intendente de La Punta, Luciano Ayala, no deja de acumular polémicas. En esta oportunidad, la decisión de otorgar un aumento salarial del 15% sobre el básico a los funcionarios del Poder Ejecutivo, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) y el Juzgado de Faltas, mientras que los trabajadores municipales recibirán apenas un 13,5%, ha desatado una indignación generalizada en la ciudad.
El contraste es escandaloso: mientras los sueldos de los funcionarios crecen con cifras que refuerzan sus privilegios, los empleados municipales siguen sumidos en salarios que no alcanzan la canasta básica, mucho menos a escapar de la línea de pobreza. La medida es una bofetada directa a los sectores más vulnerables en un contexto donde la crisis económica ya los tiene contra las cuerdas.
Esta decisión agrava una gestión que arrastra un descontento generalizado por el estado de abandono de la ciudad. Calles llenas de baches, barrios con luminarias que no funcionan, recolección de residuos irregular y un deterioro visible en los espacios públicos forman parte del paisaje cotidiano. La Punta, que alguna vez se proyectó como una ciudad modelo, hoy es el reflejo de la desidia administrativa.
El historial de Ayala solo empeora la situación. Fue el primer intendente en dar de baja el Tratado de La Toma, una herramienta que aseguraba que los trabajadores municipales estuvieran protegidos frente a la inflación y la indigencia. Ahora, con este nuevo golpe, consolida su imagen como un líder que prioriza a los funcionarios por encima de las necesidades básicas de la población y de quienes sostienen la operatividad del municipio.
Mientras tanto, el descontento crece. Los trabajadores municipales han expresado en numerosas ocasiones que sus sueldos no alcanzan para cubrir lo elemental, y la falta de inversión en obras y servicios públicos profundiza el malestar social. Los vecinos de La Punta, por su parte, ya no ocultan su frustración frente a un municipio que parece más preocupado por las internas políticas y el gasto innecesario que por garantizarles calidad de vida.
En lugar de revertir el deterioro visible de la ciudad y atender las demandas de los trabajadores, Ayala sigue un camino que ensancha la brecha entre funcionarios y empleados. La medida, lejos de ser una solución, refuerza la percepción de una gestión desconectada, marcada por el privilegio y el abandono de sus responsabilidades fundamentales.
