El Gobierno provincial volvió a chocar con los sindicatos al ofrecer un incremento salarial muy por debajo de lo reclamado. La propuesta llega en un clima de tensión, protestas en marcha y un creciente desgaste de los sueldos estatales.
ActualidadHace 1 hora
Redacción
El anuncio del 5% de aumento para los estatales (comunicado de madrugada, casi como quien deja la factura debajo de la puerta) cayó como un balde de agua fría en los gremios, que venían exigiendo un 40% para empezar a discutir. La diferencia no es técnica, es política, y exhibe una distancia cada vez más evidente entre la mesa de decisiones del Ejecutivo y la realidad económica que atraviesan los trabajadores.
La propuesta fue presentada por Claudio Poggi como parte de un cierre de año que también incluye un bono de $450.000 para la administración pública y otro mucho menor, de $200.000, para los trabajadores del Plan de Inclusión Social. El gesto, lejos de calmar ánimos, abrió otro frente de malestar por la disparidad interna y la señal de austeridad selectiva.
El momento del anuncio no fue casual. Llegó apenas dos días antes de la movilización convocada por la Mesa Intersindical para el próximo martes 18 y horas después de conocerse que la inflación provincial volvió a superar a la nacional. El Gobierno no solo enfrenta reclamos salariales, también lidia con el enojo del Poder Judicial por la reducción de la feria, una decisión que muchos consideran una intromisión directa del Ejecutivo.
Poggi aseguró que los aumentos otorgados durante el año “superan la inflación”. Lo que evitó decir es que los salarios vienen golpeados desde hace meses, con una pérdida de poder adquisitivo que ningún acumulado logra disimular. Las paritarias en San Luis están congeladas desde hace tiempo y el deterioro se siente en todos los sectores del Estado.
Los sindicatos salieron rápido a contestar. ATE calificó el anuncio como “completamente insuficiente” y ratificó su presencia en la marcha. El gremio judicial SIJUPU, inmerso en su segunda jornada de lucha, volvió a las calles con un mensaje directo: “El 5% no alcanza”. Ambos sindicatos coinciden en un punto clave, un bono no reemplaza una recomposición real.
El Gobierno intentó presentar la medida como un esfuerzo en tiempos difíciles, pero la lectura en las bases es otra. El 5% fue el detonante, no la causa. Detrás, hay meses de desgaste, parálisis salarial y decisiones políticas que tensaron el vínculo con trabajadores que ya no parecen dispuestos a esperar. El conflicto está abierto y, salvo un giro inesperado, recién empieza a escalar.
Darío Oviedo Helfenberger, exfuncionario del gobierno de Poggi, pidió una pericia judicial de su celular y acusó directamente a Víctor Endeiza y Ricardo Bazla de darle las órdenes para el operativo que terminó con la desaparición de una cosecha millonaria.
Con una votación dividida y sin acompañamiento de la oposición, el oficialismo de Claudio Poggi avanzó con una medida que desató el repudio de abogados, empleados judiciales y gremios. La sesión terminó en un clima tenso, con discusiones y desalojo parcial de las tribunas.
Mientras se debatía la reducción de la feria judicial, empleados municipales de La Punta habrían sido enviados a insultar y amedrentar a abogados y judiciales. El operativo, según testigos, fue digitado por el senador Martín Olivero y el intendente Luciano Ayala.
La Mesa Intersindical convocó a movilizarse el martes 18. Reclaman un 40% de aumento y denuncian que el Gobierno de Poggi presume superávit mientras paga sueldos por debajo de la línea de pobreza.
El dirigente de la UTHGRA San Luis ocupará el lugar del libertario, quien deja el Congreso para asumir como legislador provincial por el departamento Pueyrredón.
Mientras San Luis lidera el ranking nacional de ajuste en Educación, la Universidad Nacional de Villa Mercedes distinguirá a Claudio Poggi por su supuesto “apoyo al sistema educativo”. El homenaje suena más a culto a la personalidad que a mérito académico.
El gremio estatal presentó un recurso para revertir la medida de restricción que impide a sus dirigentes acercarse al intendente Jorge Gastón Hissa. Acusan a la Justicia de actuar sin pruebas y de avalar una maniobra política para acallar la protesta social.
La entidad nacional calificó de “violación constitucional” el proyecto del gobierno de San Luis para recortar la feria judicial.
El dirigente de la UTHGRA San Luis ocupará el lugar del libertario, quien deja el Congreso para asumir como legislador provincial por el departamento Pueyrredón.
Mientras se debatía la reducción de la feria judicial, empleados municipales de La Punta habrían sido enviados a insultar y amedrentar a abogados y judiciales. El operativo, según testigos, fue digitado por el senador Martín Olivero y el intendente Luciano Ayala.
Con una votación dividida y sin acompañamiento de la oposición, el oficialismo de Claudio Poggi avanzó con una medida que desató el repudio de abogados, empleados judiciales y gremios. La sesión terminó en un clima tenso, con discusiones y desalojo parcial de las tribunas.
Darío Oviedo Helfenberger, exfuncionario del gobierno de Poggi, pidió una pericia judicial de su celular y acusó directamente a Víctor Endeiza y Ricardo Bazla de darle las órdenes para el operativo que terminó con la desaparición de una cosecha millonaria.
Vecinos apuntan contra el predio de la presidenta de la Liga Sanluiseña por graves irregularidades: venta de alcohol, falta de habilitación, ausencia de matafuegos y seguros. El negocio personal de Sánchez vuelve a quedar bajo sospecha.