Advirtieron que los salarios fueron “pulverizados” y afecta la calidad de vida de los trabajadores en la provincia.
Actualidad27 de noviembre de 2024
Redacción
El Frente Gremial de San Luis ha vuelto a poner en jaque al gobierno de Claudio Poggi. A través de un petitorio contundente, seis sindicatos que representan a trabajadores estatales de diversos sectores demandan una recomposición salarial urgente y un bono de fin de año que alivie la crítica situación económica que atraviesan miles de familias en la provincia.
Entre los firmantes se encuentran ATE, SIJUPU, APTS, UTEP, SIEP y APEL, organizaciones que subrayan una realidad ineludible: la pérdida del poder adquisitivo ha alcanzado niveles alarmantes. Con una inflación acumulada del 290,64% en los últimos 12 meses y un aumento salarial del 45% otorgado por el Ejecutivo, los números no cuadran. Los sueldos, aseguran los gremios, están “pulverizados”.
El reclamo no es únicamente económico, es político. Las organizaciones gremiales apuntan directamente al gobernador como responsable de garantizar un salario digno que supere la línea de la canasta básica total. Argumentan que el bono exigido debe ser un salvavidas inmediato, en medio de un contexto donde la situación financiera y la crisis han erosionado aún más las finanzas familiares.
En una provincia que históricamente ha destacado por el manejo ordenado de sus finanzas públicas, el contraste con el actual deterioro salarial plantea un desafío político y moral para Poggi. La recomposición que exigen no es solo una cuestión de justicia económica; es una demanda por dignidad.
La Municipalidad de San Luis presentó como un logro la reubicación de luminarias en el barrio Mirador del Portezuelo, que días antes habían sido desmontadas por la misma administración. Tras los reclamos vecinales, fueron reinstaladas con una improvisada protección “antivandálica”. La maniobra ya había sido denunciada por concejales de la oposición.
Mientras los medios alineados al gobierno atacaron con furia a Carolina Monte Riso por una publicación privada, callaron escandalosamente cuando un juez oficialista protagonizó un choque manejando alcoholizado. La vara del poder, más torcida que el discurso de campaña.
Mientras los hospitales enfrentan la falta de insumos, las escuelas atraviesan el invierno sin calefacción y los salarios estatales continúan congelados, la administración provincial acumuló una suma récord de recursos no ejecutados. Los números también desmienten el argumento del recorte nacional: la coparticipación creció y benefició especialmente a los intendentes aliados.
Cuando las manifestaciones llegaron a Terrazas del Portezuelo, el gobierno accedió a las demandas de los vecinos del barrio La Vecindad, que reclamaban acceso a la electricidad.
Se repite un patrón que compromete seriamente a la gestión municipal, como en los casos de los camiones y las cuadrillas de limpieza, se favorece sistemáticamente a las propuestas más costosas. Las firmas desplazadas denuncian un mecanismo direccionado y que roza la corrupción, y ya no puede disimularse.
Moriñigo y Gil viajaron a Uruguay y no cayó bien en la casa de altos estudios, mientras se agrava el conflicto en Dospu y faltan recursos en distintas áreas.
La ola polar evidenció las graves falencias edilicias de las instituciones escolares en la provincia. El Ejecutivo amagó con adelantar las vacaciones de invierno, pero ante el rechazo de la comunidad educativa, debió retroceder.
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