La ola polar evidenció las graves falencias edilicias de las instituciones escolares en la provincia. El Ejecutivo amagó con adelantar las vacaciones de invierno, pero ante el rechazo de la comunidad educativa, debió retroceder.
ActualidadHoy
Redacción
La suspensión de clases por segundo día consecutivo en las escuelas públicas de San Luis expone con crudeza el deterioro estructural del sistema educativo provincial. Lejos de tratarse de una medida preventiva o planificada, la decisión dejó entrever la imposibilidad del gobierno de garantizar calefacción adecuada en los establecimientos, un requisito básico ante las bajas temperaturas que atraviesan la región.
El lunes por la tarde comenzó a circular, de manera extraoficial, la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno. La reacción inmediata de docentes, padres y madres fue de rechazo generalizado. En lugar de un comunicado institucional, el gobierno optó por desmentir la maniobra a través de un mensaje de WhatsApp difundido por su vocero de prensa, sin asumir públicamente la responsabilidad por la situación.
El episodio pone en evidencia no solo la falta de previsión, sino también el colapso del relato oficial que posiciona a la educación como una prioridad. Mientras el gobernador Claudio Poggi participa de foros empresariales y da charlas TED sobre innovación educativa, en San Luis no puede garantizar que funcionen las estufas en las aulas.
La imagen es elocuente, un discurso prolijo hacia afuera, consumido por una realidad que lo desmiente a cada paso. La emergencia climática no hizo más que acelerar lo que ya se venía denunciando: que el Estado provincial no está cumpliendo con su deber más elemental, que es garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender.
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Las expresiones vertidas en este resumen político, son exclusivamente de orden humorístico, periodístico e irónico. Quien no lo entienda así, deberá recursar compresión de textos, según la edad escolar que le corresponda.
La presidenta del cuerpo fue cuestionada por violaciones al reglamento, abuso de poder y maltrato institucional. Fue protegida por el oficialismo, pero la causa seguirá en la Justicia.
Andrés "Pocho" Heredia fue acusado de facturar millones a la empresa de transporte municipal, pese a ocupar un cargo jerárquico dentro del Ejecutivo. La denuncia apunta a un conflicto de intereses y a una posible malversación de fondos públicos.
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