
Trabajadores acusan a los directivos de ejercer un régimen laboral inhumano, con amenazas, vigilancia ilegal y sanciones arbitrarias. El verdadero mando lo tiene un concejal que ya sueña con la intendencia.
La ola polar evidenció las graves falencias edilicias de las instituciones escolares en la provincia. El Ejecutivo amagó con adelantar las vacaciones de invierno, pero ante el rechazo de la comunidad educativa, debió retroceder.
Actualidad01 de julio de 2025La suspensión de clases por segundo día consecutivo en las escuelas públicas de San Luis expone con crudeza el deterioro estructural del sistema educativo provincial. Lejos de tratarse de una medida preventiva o planificada, la decisión dejó entrever la imposibilidad del gobierno de garantizar calefacción adecuada en los establecimientos, un requisito básico ante las bajas temperaturas que atraviesan la región.
El lunes por la tarde comenzó a circular, de manera extraoficial, la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno. La reacción inmediata de docentes, padres y madres fue de rechazo generalizado. En lugar de un comunicado institucional, el gobierno optó por desmentir la maniobra a través de un mensaje de WhatsApp difundido por su vocero de prensa, sin asumir públicamente la responsabilidad por la situación.
El episodio pone en evidencia no solo la falta de previsión, sino también el colapso del relato oficial que posiciona a la educación como una prioridad. Mientras el gobernador Claudio Poggi participa de foros empresariales y da charlas TED sobre innovación educativa, en San Luis no puede garantizar que funcionen las estufas en las aulas.
La imagen es elocuente, un discurso prolijo hacia afuera, consumido por una realidad que lo desmiente a cada paso. La emergencia climática no hizo más que acelerar lo que ya se venía denunciando: que el Estado provincial no está cumpliendo con su deber más elemental, que es garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender.
Trabajadores acusan a los directivos de ejercer un régimen laboral inhumano, con amenazas, vigilancia ilegal y sanciones arbitrarias. El verdadero mando lo tiene un concejal que ya sueña con la intendencia.
El análisis político más querido y odiado por la runfla aparece un lunes. Otro invento para justificar lo poco amenos al trabajo que son los redactores de esta sección. Comencemos..
El mandatario forma parte del grupo de gobernadores ex macristas que quieren congraciarse con el presidente Javier Milei. Para ello, prometieron no votar las dos iniciativas que presentó la oposición. El peligro de que el poggismo tenga más bancas en las elecciones de octubre.
Un informe de julio 2025 revela que la provincia lidera el ranking nacional de interés resarcitorio para contribuyentes que adeudan el impuesto a los Ingresos Brutos. La tasa alcanza el 7%, por encima de Buenos Aires y Santa Cruz.
La Municipalidad de San Luis presentó como un logro la reubicación de luminarias en el barrio Mirador del Portezuelo, que días antes habían sido desmontadas por la misma administración. Tras los reclamos vecinales, fueron reinstaladas con una improvisada protección “antivandálica”. La maniobra ya había sido denunciada por concejales de la oposición.
Mientras los medios alineados al gobierno atacaron con furia a Carolina Monte Riso por una publicación privada, callaron escandalosamente cuando un juez oficialista protagonizó un choque manejando alcoholizado. La vara del poder, más torcida que el discurso de campaña.
Mientras los hospitales enfrentan la falta de insumos, las escuelas atraviesan el invierno sin calefacción y los salarios estatales continúan congelados, la administración provincial acumuló una suma récord de recursos no ejecutados. Los números también desmienten el argumento del recorte nacional: la coparticipación creció y benefició especialmente a los intendentes aliados.
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Una encuesta nacional reveló que el 44% de los argentinos teme quedarse sin trabajo. El dato refleja el deterioro de las condiciones laborales y el impacto real del ajuste en la vida cotidiana de las familias.
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Trabajadores acusan a los directivos de ejercer un régimen laboral inhumano, con amenazas, vigilancia ilegal y sanciones arbitrarias. El verdadero mando lo tiene un concejal que ya sueña con la intendencia.