Darío Oviedo Helfenberger, exfuncionario del gobierno de Poggi, pidió una pericia judicial de su celular y acusó directamente a Víctor Endeiza y Ricardo Bazla de darle las órdenes para el operativo que terminó con la desaparición de una cosecha millonaria.
Actualidad13 de noviembre de 2025
Redacción
El escándalo del maíz desaparecido, valuado en más de dos millones de dólares, empieza a salpicar a las altas esferas del poggismo. Darío Oviedo Helfenberger, exdirector de Ética Pública, decidió romper el silencio y apuntó a dos figuras clave del oficialismo: el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza, y el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla.
En un escrito presentado ante el fiscal de instrucción Leandro Estrada, Oviedo solicitó una pericia sobre su teléfono celular para preservar los mensajes y audios que, según él, contienen las instrucciones que recibió de Endeiza y Bazla durante el operativo “recuperación de El Caburé”. Denunció además que su línea habría sido hackeada y que parte de la información digital que guardaba desapareció.
El exfuncionario sostiene que las “falsas denuncias” en su contra son parte de una maniobra del aparato mediático oficial, diseñado para desviar responsabilidades y proteger a los verdaderos impulsores del operativo. “Están intentando destruir las pruebas que tengo”, habría advertido Oviedo, según una fuente judicial cercana al expediente.
El caso “El Caburé” se convirtió en un bochorno institucional de proporciones. En julio de 2024 se denunció el robo de una siembra de 2.000 hectáreas de maíz, valuada en más de 2 millones de dólares, que estaba bajo custodia estatal. Detrás de la trama aparecen nombres que hoy integran los más altos despachos del poder judicial y del gobierno de Claudio Poggi.
Endeiza, que como fiscal de Estado habría autorizado la contratación de un ruralista para la cosecha y traslado de los granos, ahora ocupa una silla en el Superior Tribunal de Justicia. Hasta el momento, mantiene un prudente silencio. Bazla, por su parte, fue señalado por ordenar directamente a Oviedo la ejecución del operativo, hoy investigado por hurto calificado, abuso de autoridad y peculado.
El expediente también alcanza a Diego Amondaraín (asesor del gobierno y hermano del ministro de Gobierno) y al ruralista Francisco Anselmi, encargado de la logística del levantamiento del maíz. Incluso, el abogado Alejandro Viano, representante de uno de los damnificados, vinculó al ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, en la maniobra de “distracción” que habría permitido el saqueo.
Con el pedido de pericia y la denuncia de posibles interferencias telefónicas, Oviedo Helfenberger no solo busca defenderse: pretende exponer el entramado interno de un poder que, según sus propias palabras, lo usó como fusible para cubrir un delito que hoy se investiga,
El accidente ocurrió el domingo por la noche en el barrio Cerro de la Cruz. El vehículo involucrado fue denunciado por ATE en mayo ante Relaciones Laborales por fallas en los frenos. Otra vez, la intendencia de Hissa volvió a quedar bajo la lupa por las condiciones de seguridad laboral.
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Tras la renuncia de Jorge Caro, el prosecretario parlamentario de LLA en el Senado, Rodolfo Negri, anunció que presentará un proyecto para presidir el club. La movida se da en un contexto de vacancia institucional y reabre el debate sobre la injerencia política en entidades deportivas.
La intervención comenzó hace varios meses y quedó inconclusa, con montículos de arena y trabajos a medio hacer. Comerciantes y vecinos advierten problemas de tránsito y peligros por falta de señalización. El antecedente inmediato es la obra inconclusa en la avenida Presidente Perón durante la gestión de Jorge Gastón Hissa.
La Resolución Rectoral Nº 917/2025 dispuso aumentos salariales diferenciados desde julio y agosto, beneficiando a autoridades superiores del Rectorado. La decisión fue firmada por el entonces rector Víctor Moriñigo, hoy diputado provincial, en un contexto de ajuste y pérdida salarial para docentes y no docentes.
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Imágenes registradas por vecinos circularon masivamente en redes sociales en las últimas horas. Las denuncias se repiten en distintos barrios de la capital puntana. Las críticas apuntan al intendente Jorge Gastón Hissa y a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa.
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