Darío Oviedo Helfenberger, exfuncionario del gobierno de Poggi, pidió una pericia judicial de su celular y acusó directamente a Víctor Endeiza y Ricardo Bazla de darle las órdenes para el operativo que terminó con la desaparición de una cosecha millonaria.
ActualidadHace 2 horas
Redacción
El escándalo del maíz desaparecido, valuado en más de dos millones de dólares, empieza a salpicar a las altas esferas del poggismo. Darío Oviedo Helfenberger, exdirector de Ética Pública, decidió romper el silencio y apuntó a dos figuras clave del oficialismo: el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza, y el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla.
En un escrito presentado ante el fiscal de instrucción Leandro Estrada, Oviedo solicitó una pericia sobre su teléfono celular para preservar los mensajes y audios que, según él, contienen las instrucciones que recibió de Endeiza y Bazla durante el operativo “recuperación de El Caburé”. Denunció además que su línea habría sido hackeada y que parte de la información digital que guardaba desapareció.
El exfuncionario sostiene que las “falsas denuncias” en su contra son parte de una maniobra del aparato mediático oficial, diseñado para desviar responsabilidades y proteger a los verdaderos impulsores del operativo. “Están intentando destruir las pruebas que tengo”, habría advertido Oviedo, según una fuente judicial cercana al expediente.
El caso “El Caburé” se convirtió en un bochorno institucional de proporciones. En julio de 2024 se denunció el robo de una siembra de 2.000 hectáreas de maíz, valuada en más de 2 millones de dólares, que estaba bajo custodia estatal. Detrás de la trama aparecen nombres que hoy integran los más altos despachos del poder judicial y del gobierno de Claudio Poggi.
Endeiza, que como fiscal de Estado habría autorizado la contratación de un ruralista para la cosecha y traslado de los granos, ahora ocupa una silla en el Superior Tribunal de Justicia. Hasta el momento, mantiene un prudente silencio. Bazla, por su parte, fue señalado por ordenar directamente a Oviedo la ejecución del operativo, hoy investigado por hurto calificado, abuso de autoridad y peculado.
El expediente también alcanza a Diego Amondaraín (asesor del gobierno y hermano del ministro de Gobierno) y al ruralista Francisco Anselmi, encargado de la logística del levantamiento del maíz. Incluso, el abogado Alejandro Viano, representante de uno de los damnificados, vinculó al ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, en la maniobra de “distracción” que habría permitido el saqueo.
Con el pedido de pericia y la denuncia de posibles interferencias telefónicas, Oviedo Helfenberger no solo busca defenderse: pretende exponer el entramado interno de un poder que, según sus propias palabras, lo usó como fusible para cubrir un delito que hoy se investiga,
Con una votación dividida y sin acompañamiento de la oposición, el oficialismo de Claudio Poggi avanzó con una medida que desató el repudio de abogados, empleados judiciales y gremios. La sesión terminó en un clima tenso, con discusiones y desalojo parcial de las tribunas.
Mientras se debatía la reducción de la feria judicial, empleados municipales de La Punta habrían sido enviados a insultar y amedrentar a abogados y judiciales. El operativo, según testigos, fue digitado por el senador Martín Olivero y el intendente Luciano Ayala.
La Mesa Intersindical convocó a movilizarse el martes 18. Reclaman un 40% de aumento y denuncian que el Gobierno de Poggi presume superávit mientras paga sueldos por debajo de la línea de pobreza.
El dirigente de la UTHGRA San Luis ocupará el lugar del libertario, quien deja el Congreso para asumir como legislador provincial por el departamento Pueyrredón.
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El gremio estatal presentó un recurso para revertir la medida de restricción que impide a sus dirigentes acercarse al intendente Jorge Gastón Hissa. Acusan a la Justicia de actuar sin pruebas y de avalar una maniobra política para acallar la protesta social.
La entidad nacional calificó de “violación constitucional” el proyecto del gobierno de San Luis para recortar la feria judicial.
Mientras el escrutinio definitivo se realizará este martes y la diferencia es de apenas siete votos, el intendente Damián Gómez y el candidato poggista Ignacio Olagaray iniciaron el traspaso de mando. La foto dio más letra a quienes hablan de un acuerdo político.
El comunicado de periodistas y el departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de San Luis sobre la falta de transparencia en la gestión provincial encendió la mecha. En el gobierno, apuntan a la conducción universitaria por permitir un documento que, sin nombrarlo, golpea directo al secretario de Comunicación, Diego Masci.
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