Con una votación dividida y sin acompañamiento de la oposición, el oficialismo de Claudio Poggi avanzó con una medida que desató el repudio de abogados, empleados judiciales y gremios. La sesión terminó en un clima tenso, con discusiones y desalojo parcial de las tribunas.
ActualidadHace 1 hora
Redacción
En una sesión cargada de tensión política y gritos desde las gradas, la Cámara de Diputados de San Luis aprobó la polémica ley que reduce la feria judicial. La votación terminó 27 a 0, sólo el bloque oficialista levantó la mano. Ningún diputado opositor acompañó el proyecto, que fue rechazado por todos los sectores vinculados al sistema judicial.
La medida, presentada como una reforma “modernizadora”, terminó convertida en otro gesto de poder del gobernador Claudio Poggi. Sin debate real, y con los tribunales, el Colegio de Abogados y los gremios en contra, el mandatario impuso su voluntad política sobre un tema que ni siquiera figura entre las urgencias sociales de los puntanos.
La sesión fue un retrato de la tensión institucional que atraviesa la provincia. Abogados que intentaron ingresar al recinto fueron bloqueados por el oficialismo, y parte del público fue desalojado tras los cruces verbales con diputados, fuerzas de seguridad y funcionario de La Punta que fueron a oficiar de patota.
Según los letrados, lejos de mejorar el funcionamiento judicial, la nueva ley limitará las licencias del personal y complicará la organización interna de los tribunales. “No resuelve la mora judicial, la agrava”, advirtieron. La decisión, más política que técnica, parece tener otro trasfondo, avanzar sobre un Poder Judicial que hasta ahora había mantenido cierta autonomía.
La reforma marca un precedente inédito en San Luis. Es la primera vez que el Ejecutivo y su mayoría legislativa intervienen de manera directa en las facultades internas del Poder Judicial. Una señal clara del nuevo estilo de gobierno con concentración, control y eliminación de cualquier obstáculo institucional.
Una batalla más en la estrategia del control total
Poggi ya no podrá culpar a la feria de la lentitud judicial. Su mirada, previsiblemente, se posará ahora sobre los jueces, en una movida que muchos interpretan como el paso previo para reacomodar nombres y posiciones. Detrás del discurso de “reforma”, se consolida una política que busca disciplinar cada espacio del Estado.
Mientras se debatía la reducción de la feria judicial, empleados municipales de La Punta habrían sido enviados a insultar y amedrentar a abogados y judiciales. El operativo, según testigos, fue digitado por el senador Martín Olivero y el intendente Luciano Ayala.
La Mesa Intersindical convocó a movilizarse el martes 18. Reclaman un 40% de aumento y denuncian que el Gobierno de Poggi presume superávit mientras paga sueldos por debajo de la línea de pobreza.
El dirigente de la UTHGRA San Luis ocupará el lugar del libertario, quien deja el Congreso para asumir como legislador provincial por el departamento Pueyrredón.
Mientras San Luis lidera el ranking nacional de ajuste en Educación, la Universidad Nacional de Villa Mercedes distinguirá a Claudio Poggi por su supuesto “apoyo al sistema educativo”. El homenaje suena más a culto a la personalidad que a mérito académico.
El gremio estatal presentó un recurso para revertir la medida de restricción que impide a sus dirigentes acercarse al intendente Jorge Gastón Hissa. Acusan a la Justicia de actuar sin pruebas y de avalar una maniobra política para acallar la protesta social.
La entidad nacional calificó de “violación constitucional” el proyecto del gobierno de San Luis para recortar la feria judicial.
Mientras el escrutinio definitivo se realizará este martes y la diferencia es de apenas siete votos, el intendente Damián Gómez y el candidato poggista Ignacio Olagaray iniciaron el traspaso de mando. La foto dio más letra a quienes hablan de un acuerdo político.
El candidato Daniel Orlando denunció el “avasallamiento institucional” del gobierno de Poggi y exigió revisar todas las urnas. Asegura que la elección fue manipulada con el aparato provincial y reclama transparencia.
El comunicado de periodistas y el departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de San Luis sobre la falta de transparencia en la gestión provincial encendió la mecha. En el gobierno, apuntan a la conducción universitaria por permitir un documento que, sin nombrarlo, golpea directo al secretario de Comunicación, Diego Masci.
La entidad nacional calificó de “violación constitucional” el proyecto del gobierno de San Luis para recortar la feria judicial.
Mientras San Luis lidera el ranking nacional de ajuste en Educación, la Universidad Nacional de Villa Mercedes distinguirá a Claudio Poggi por su supuesto “apoyo al sistema educativo”. El homenaje suena más a culto a la personalidad que a mérito académico.
El dirigente de la UTHGRA San Luis ocupará el lugar del libertario, quien deja el Congreso para asumir como legislador provincial por el departamento Pueyrredón.
La Mesa Intersindical convocó a movilizarse el martes 18. Reclaman un 40% de aumento y denuncian que el Gobierno de Poggi presume superávit mientras paga sueldos por debajo de la línea de pobreza.