MosconiEl secretario de Ética del gobierno de Claudio Poggi, Ricardo Bazla, enfrenta ocho imputaciones penales que incluyen hechos vinculados al robo de maíz en un campo valuado en dos millones de dólares según los propios administradores del predio. El fiscal Leandro Estrada había pedido solamente el delito de defraudación al Estado, una figura que no conmuta prisión. Fue el juez Cuello quien aceptó los otros siete delitos que reclamó la querella y que le dan al caso una gravedad penal que el gobierno no esperaba.
El momento no es casual. La defensa de Bazla presentó un planteo de nulidad sobre la imputación de los ocho delitos que ahora debe resolver el Tribunal de Impugnaciones. El gobierno necesita que ese tribunal reciba el caso con el menor peso político posible, y la narrativa del "daño no cuantificado" funciona como presión institucional sobre ese proceso, si se instala que no hubo perjuicio concreto, el terreno para la nulidad se vuelve más fértil.
Estrada volvió a tomar posición pública después de la audiencia. Sus declaraciones en medios afines al gobierno apuntan a reducir el expediente a una "mera violación administrativa" y a neutralizar cualquier avance judicial sobre Víctor Endeiza, ex fiscal de Estado devenido ministro del Superior Tribunal. Durante la audiencia, la querella cuestionó abiertamente la postura de la Fiscalía y la describió como "demasiado blanda" frente a la evidencia presentada.
El poggismo necesita achicar el caso Bazla porque su volumen político ya supera con creces los delitos que el propio gobierno le atribuye a funcionarios de la gestión anterior. Quien llegó al poder con la transparencia como bandera hoy depende de que un fiscal minimice dos millones de dólares en granos robados y de que un tribunal de impugnaciones desarme lo que el juez Cuello ya convalidó.
