Mientras se debatía la reducción de la feria judicial, empleados municipales de La Punta habrían sido enviados a insultar y amedrentar a abogados y judiciales. El operativo, según testigos, fue digitado por el senador Martín Olivero y el intendente Luciano Ayala.
Actualidad12 de noviembre de 2025
Redacción
La sesión en la que se aprobó la reducción de la feria judicial dejó algo más que una votación. Según denuncian asistentes y trabajadores judiciales, un grupo de funcionarios de La Punta irrumpió en la Legislatura con insultos, gritos y provocaciones hacia los abogados que se oponían al polémico proyecto.
Las miradas apuntan directamente al intendente Luciano Ayala y al senador Martín Olivero, jefe político del mandatario y esposo de la diputada Luciana Perano, quien fue la encargada de presentar el proyecto. Desde el propio despacho de Olivero, aseguran testigos, se digitó el envío del grupo municipal, con la orden de respaldar a Perano y hostigar a quienes la cuestionaban.
Entre los presentes identificados se encontraban la secretaria de Desarrollo, Marina Lucero; la jefa de Mesa de Entrada, Yanina Martínez; el director de la radio municipal, Tato Pereyra; y Paula Bustos, a cargo del Ente de Desarrollo. Todos ellos, empleados públicos, en horario laboral. Es decir, pagados por los vecinos de La Punta para cumplir funciones municipales, no para hacer de barra brava en un debate legislativo.
Los testigos relataron escenas insólitas: funcionarios municipales que, tras ser retirados del recinto, se quedaron comiendo sándwiches y tomando gaseosas frente a la Legislatura.
El trasfondo es político y personal. Perano, diputada del espacio de Poggi y esposa de Olivero, enfrentó un fuerte rechazo por parte de abogados y judiciales que ven en la reducción de la feria un nuevo intento de disciplinamiento del Poder Judicial. Ante la tensión y el llamado a un cuarto intermedio, Ayala y Olivero movieron sus fichas y pusieron al municipio al servicio de la presión política.
La maniobra, más allá del escándalo del día, desnuda un modo de operar que mezcla poder territorial, clientelismo y prepotencia institucional. En La Punta, mientras tanto, los vecinos ven cómo sus funcionarios faltan al trabajo municipal para cumplir tareas partidarias. Un costo que no figura en ninguna rendición de cuentas, pero que todos terminan pagando.
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