Mientras se debatía la reducción de la feria judicial, empleados municipales de La Punta habrían sido enviados a insultar y amedrentar a abogados y judiciales. El operativo, según testigos, fue digitado por el senador Martín Olivero y el intendente Luciano Ayala.
ActualidadHace 1 hora
Redacción
La sesión en la que se aprobó la reducción de la feria judicial dejó algo más que una votación. Según denuncian asistentes y trabajadores judiciales, un grupo de funcionarios de La Punta irrumpió en la Legislatura con insultos, gritos y provocaciones hacia los abogados que se oponían al polémico proyecto.
Las miradas apuntan directamente al intendente Luciano Ayala y al senador Martín Olivero, jefe político del mandatario y esposo de la diputada Luciana Perano, quien fue la encargada de presentar el proyecto. Desde el propio despacho de Olivero, aseguran testigos, se digitó el envío del grupo municipal, con la orden de respaldar a Perano y hostigar a quienes la cuestionaban.
Entre los presentes identificados se encontraban la secretaria de Desarrollo, Marina Lucero; la jefa de Mesa de Entrada, Yanina Martínez; el director de la radio municipal, Tato Pereyra; y Paula Bustos, a cargo del Ente de Desarrollo. Todos ellos, empleados públicos, en horario laboral. Es decir, pagados por los vecinos de La Punta para cumplir funciones municipales, no para hacer de barra brava en un debate legislativo.
Los testigos relataron escenas insólitas: funcionarios municipales que, tras ser retirados del recinto, se quedaron comiendo sándwiches y tomando gaseosas frente a la Legislatura.
El trasfondo es político y personal. Perano, diputada del espacio de Poggi y esposa de Olivero, enfrentó un fuerte rechazo por parte de abogados y judiciales que ven en la reducción de la feria un nuevo intento de disciplinamiento del Poder Judicial. Ante la tensión y el llamado a un cuarto intermedio, Ayala y Olivero movieron sus fichas y pusieron al municipio al servicio de la presión política.
La maniobra, más allá del escándalo del día, desnuda un modo de operar que mezcla poder territorial, clientelismo y prepotencia institucional. En La Punta, mientras tanto, los vecinos ven cómo sus funcionarios faltan al trabajo municipal para cumplir tareas partidarias. Un costo que no figura en ninguna rendición de cuentas, pero que todos terminan pagando.
Con una votación dividida y sin acompañamiento de la oposición, el oficialismo de Claudio Poggi avanzó con una medida que desató el repudio de abogados, empleados judiciales y gremios. La sesión terminó en un clima tenso, con discusiones y desalojo parcial de las tribunas.
La Mesa Intersindical convocó a movilizarse el martes 18. Reclaman un 40% de aumento y denuncian que el Gobierno de Poggi presume superávit mientras paga sueldos por debajo de la línea de pobreza.
El dirigente de la UTHGRA San Luis ocupará el lugar del libertario, quien deja el Congreso para asumir como legislador provincial por el departamento Pueyrredón.
Mientras San Luis lidera el ranking nacional de ajuste en Educación, la Universidad Nacional de Villa Mercedes distinguirá a Claudio Poggi por su supuesto “apoyo al sistema educativo”. El homenaje suena más a culto a la personalidad que a mérito académico.
El gremio estatal presentó un recurso para revertir la medida de restricción que impide a sus dirigentes acercarse al intendente Jorge Gastón Hissa. Acusan a la Justicia de actuar sin pruebas y de avalar una maniobra política para acallar la protesta social.
La entidad nacional calificó de “violación constitucional” el proyecto del gobierno de San Luis para recortar la feria judicial.
Mientras el escrutinio definitivo se realizará este martes y la diferencia es de apenas siete votos, el intendente Damián Gómez y el candidato poggista Ignacio Olagaray iniciaron el traspaso de mando. La foto dio más letra a quienes hablan de un acuerdo político.
El candidato Daniel Orlando denunció el “avasallamiento institucional” del gobierno de Poggi y exigió revisar todas las urnas. Asegura que la elección fue manipulada con el aparato provincial y reclama transparencia.
El comunicado de periodistas y el departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de San Luis sobre la falta de transparencia en la gestión provincial encendió la mecha. En el gobierno, apuntan a la conducción universitaria por permitir un documento que, sin nombrarlo, golpea directo al secretario de Comunicación, Diego Masci.
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