El gobernador impulsa la reducción de la feria judicial como una “modernización del sistema”, pero los profesionales del Derecho de San Luis lo califican como una medida improvisada, sin sustento técnico ni administrativo. El descanso judicial, dicen, no es un privilegio, sino una necesidad estructural.
ActualidadHoy
Redacción
El proyecto que impulsa Claudio Poggi para reducir la feria judicial volvió a encender las alarmas en los tribunales y estudios jurídicos de toda la provincia. Lejos de una reforma moderna, los abogados y escribanos lo ven como una medida pour la galerie a uno de los pocos períodos de orden y reorganización interna que tiene la Justicia.
El argumento de los profesionales es que sin un receso común, el sistema judicial se volvería inestable todo el año.
Actualmente, la feria de enero y la de julio permiten que los tribunales se organicen, los expedientes se ordenen, se limpien los depósitos, se archiven causas y se planifiquen mejoras. Quitar ese tiempo sería, en palabras de un abogado litigante, “pretender que el motor siga andando mientras le cambiás las bujías”.
Desde 1952, el Reglamento para la Justicia Nacional, al que adhirieron la mayoría de las provincias, estableció la feria como parte del calendario judicial. Y no por capricho: la administración de justicia —una de las tres patas de la República— necesita ese tiempo para evitar la parálisis permanente que generaría el recambio escalonado de miles de operadores.
“Si cada uno tomara vacaciones en distintos momentos, el sistema colapsaría todo el año”, advierten desde los colegios profesionales.
Además, la feria no implica una paralización total como quieren hacer creer desde el relato oficial. Los tribunales continúan despachando causas urgentes, y los jueces pueden habilitar días y horas cuando la situación lo exige, tal como lo prevé el artículo 7 del Reglamento Judicial.
El debate, entonces, no pasa por la existencia de la feria, sino por su duración y eficiencia. Algunos proponen acortar el período o ampliar la jornada laboral a ocho horas diarias durante el resto del año. Pero eliminarla o reducirla sin planificación, sostienen los especialistas, sería un “error logístico y funcional”.
Los abogados y escribanos también recuerdan que el derecho al descanso tiene rango constitucional: los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional lo garantizan, junto con tratados internacionales sobre derechos laborales.
En definitiva, la polémica iniciativa del gobierno provincial parece más un gesto para la tribuna que una verdadera reforma. Si el Poder Judicial necesita mejorar, debe hacerlo con mejores argumentos, no con discursos de ocasión.
El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.
La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.
Con una canasta básica que roza los $782 mil, San Luis figura entre las provincias donde más cuesta llenar el carrito. Mientras tanto, el gobernador Claudio Poggi anuncia que “analizará” un aumento salarial. El desfasaje entre los precios y los sueldos ya golpea de lleno a los trabajadores puntanos.
La lista impulsada por el oficialismo provincial se impuso entre denuncias, favoritismos y enojo de los hinchas. A pocas horas de asumir, la nueva presidenta de la Liga enfrentó su primer escándalo: incidentes violentos en un partido y un repudio generalizado en redes.
El Tribunal lo declaró culpable del delito de peculado en perjuicio de la administración pública por la sustracción de bienes desde Terrazas del Portezuelo, cuando era ministro de Seguridad
La desaparición de una cosecha de 2 mil hectáreas de maíz en el campo “El Caburé” ya no es solo una mancha administrativa. Nuevas pruebas apuntan al propio ministro del Superior Tribunal, Víctor Endeiza, y al gobernador Claudio Poggi, quien no podría alegar desconocimiento en un negocio de más de 2 millones de dólares.
Con presiones, maniobras y la sombra del Gobierno provincial detrás, la candidata oficialista logró mantener la conducción de la Liga Sanluiseña. La Secretaría de Deportes, clave en el operativo para asegurar el resultado.
El oficialismo de Laura Sánchez busca retener la conducción de la Liga con respaldo del gobierno provincial y denuncias de presiones a los clubes. Del otro lado, Rubén Rey, con apoyo de AFA, intenta poner fin a años de manejos turbios y desconfianza.
En lugar de explicar el destino de los granos valuados en más de 2 millones de dólares, el Gobierno provincial apuntó contra un exfuncionario de su propia estructura
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