Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.
ActualidadHace 4 horas
Redacción
Una vez más, el gobierno de Claudio Poggi se refugia en su estrategia más usada, culpar a los que se fueron. Esta vez, la ampliación de la denuncia en la causa de El Caburé sirvió para poner el foco en los exministros Sergio Freixes, Juan Lavandeira y Marcelo Amitrano. Pero en el fondo, la pantalla es para evitar la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde está el maíz desaparecido?
El fiscal de Estado adjutor, Rafael Berruezo, se presentó ante la Justicia para ampliar la denuncia por “hurto calificado, abuso de autoridad y peculado”. El gobierno apunta ahora contra quienes estaban al frente de Producción durante la gestión anterior, señalándolos por presunto incumplimiento de deberes y mal manejo de fondos públicos. Sin embargo, el argumento tiene un flanco débil, si los ministros de aquel entonces debían saber todo lo que ocurría en el campo, la misma vara debería aplicarse a los actuales funcionarios.
Los nombres de Federico Trombotto, Victor Endeiza, Gonzalo Amondaraín y Ricardo Bazla aparecen inevitablemente en el espejo. Todos conducen áreas clave dentro del esquema productivo deel gobierno Poggi, y son los responsables del silencio atroz de una gestión que, hasta hoy, no ha podido dar cuenta del destino de los granos.
A esta altura, el caso de El Caburé se transformó en una pantalla política, sirve para distraer, pero no para esclarecer. La administración de Poggi utiliza la denuncia como cortina de humo mientras evita dar respuestas concretas sobre el faltante de maíz valuado en más de dos millones de dólares. La idea es distraer la atención y usar los medios concentrados para endilgarle responsabilidades a la gestión y no hablar de los posibles casos de corrupción que habría en el gobierno.
Un método que ya es más que conocido y que el poggismo piensa que la gente no conoce. La realidad es que las maniobras se ven venir desde Terrazas y conllevan un peligroso abuso de las instituciones.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.
La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.
El gobernador impulsa la reducción de la feria judicial como una “modernización del sistema”, pero los profesionales del Derecho de San Luis lo califican como una medida improvisada, sin sustento técnico ni administrativo. El descanso judicial, dicen, no es un privilegio, sino una necesidad estructural.
Con una canasta básica que roza los $782 mil, San Luis figura entre las provincias donde más cuesta llenar el carrito. Mientras tanto, el gobernador Claudio Poggi anuncia que “analizará” un aumento salarial. El desfasaje entre los precios y los sueldos ya golpea de lleno a los trabajadores puntanos.
La lista impulsada por el oficialismo provincial se impuso entre denuncias, favoritismos y enojo de los hinchas. A pocas horas de asumir, la nueva presidenta de la Liga enfrentó su primer escándalo: incidentes violentos en un partido y un repudio generalizado en redes.
El Tribunal lo declaró culpable del delito de peculado en perjuicio de la administración pública por la sustracción de bienes desde Terrazas del Portezuelo, cuando era ministro de Seguridad
La desaparición de una cosecha de 2 mil hectáreas de maíz en el campo “El Caburé” ya no es solo una mancha administrativa. Nuevas pruebas apuntan al propio ministro del Superior Tribunal, Víctor Endeiza, y al gobernador Claudio Poggi, quien no podría alegar desconocimiento en un negocio de más de 2 millones de dólares.
En lugar de explicar el destino de los granos valuados en más de 2 millones de dólares, el Gobierno provincial apuntó contra un exfuncionario de su propia estructura
El Tribunal lo declaró culpable del delito de peculado en perjuicio de la administración pública por la sustracción de bienes desde Terrazas del Portezuelo, cuando era ministro de Seguridad
La lista impulsada por el oficialismo provincial se impuso entre denuncias, favoritismos y enojo de los hinchas. A pocas horas de asumir, la nueva presidenta de la Liga enfrentó su primer escándalo: incidentes violentos en un partido y un repudio generalizado en redes.
La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.
El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.