Redacción
La gestión del intendente Jorge Gastón Hissa enfrenta su primera denuncia penal de peso. El secretario Legal y Técnico del Municipio, Andrés “Pocho” Heredia, fue acusado por el concejal Andrés Russo ante la Unidad de Abordaje Fiscal por haber cobrado sobresueldos a través de Transpuntano SAPEM, la empresa de transporte urbano que depende directamente del Ejecutivo municipal.
Según la presentación judicial, Heredia emitió facturas por millones de pesos a nombre propio, en paralelo a su salario como funcionario de alto rango. La maniobra se habría extendido por al menos nueve meses, hasta que una investigación periodística de El Mosquito Puntano reveló la operatoria en septiembre de 2024. La documentación disponible indica que, sólo hasta esa fecha, el monto total abonado supera los 10 millones de pesos.
El caso reviste una gravedad institucional considerable. Heredia, en su rol de secretario Legal y Técnico, no solo está obligado a velar por la legalidad de los actos administrativos del Municipio, sino que además es uno de los responsables de aprobar partidas presupuestarias, entre ellas las que se destinan a Transpuntano. Es decir, tenía control sobre los fondos que luego terminaban en sus propias cuentas mediante contrataciones directas bajo la figura de “prestaciones de servicios”.
La denuncia, tiene que ver fundamentalmente con la violación del orden normativo aplicable a la función pública, tanto a nivel constitucional, como a nivel administrativo.
Este tipo de prácticas no son nuevas en la administración de Hissa. Ya existen antecedentes de funcionarios cobrando viáticos por viajes no realizados y de contrataciones directas con denuncias por sobreprecios. La acusación contra Heredia, sin embargo, representa un escalón más alto, compromete directamente al área encargada de controlar la legalidad de los actos de gobierno.
En la demanda, Russo también constituye una reserva de ampliación de denuncia contra Heredia, Jorge Gastón Hissa y otros intervinientes, por imcumplimiento de los deberes de funcionario públicos en la aplicación del decreto n°106, que utilizó la gestión municipal para despedir a más de 300 personas sin justificativo ni causa pertinente.
