Redacción
Mientras los reclamos por limpieza, agua, alumbrado y mantenimiento urbano se multiplican en los barrios, el Concejo Deliberante de San Luis quedó atrapado en una discusión que poco tiene que ver con la vida cotidiana de los vecinos. El oficialismo avanzó en el intento de desalojar al bloque justicialista de una oficina, desplazando del centro del debate los problemas estructurales de la ciudad.
La iniciativa, impulsada por el intendente Jorge Gastón Hissa, con el argumento de una reorganización interna, derivó rápidamente en un conflicto político. La oposición denunció una maniobra de hostigamiento institucional y advirtió que la discusión no es administrativa, sino política.
El Concejo, que debería funcionar como ámbito de control y producción normativa frente a una gestión municipal cuestionada por su desempeño, termina discutiendo metros cuadrados, enchufes y escritorios de la mano de su presidencia. En paralelo, los pedidos de informes y proyectos vinculados a los servicios básicos siguen sin tratamiento efectivo.
Desde el bloque del PJ señalaron que el conflicto opera como una distracción conveniente. La acusación apunta a una estrategia para evitar el debate sobre la gestión de Hissa, marcada por falencias persistentes y una creciente distancia con las demandas vecinales. La discusión por una oficina, sostienen, reemplazó deliberadamente la discusión por la ciudad.
