En 2019, la presidenta del Concejo Deliberante de San Luis, Agustina Arancibia Rodríguez fue sumariada por la denuncia del Servicio Médico encargado del control de Ausentismos (Se.M.A).
Actualidad21 de noviembre de 2024
Redacción
La lucha contra las licencias laborales otorgadas bajo certificados médicos falsificados se convirtió en la bandera del gobernador Claudio Poggi esta semana. Con bombos y platillos, su administración anunció el despido de 42 empleados públicos, acusados de supuestamente beneficiarse con esta práctica fraudulenta.
Cabe accionar que este tipo de acciones se realizó en distintas administraciones, resuelta en trámites de recursos humanos y no en el show mediático que el gobierno intenta vender para tapar la crisis política que tiene el gabinete al terminar el año.
Sin embargo, lo que se presenta como un logro de transparencia y justicia laboral trae consigo un eco incómodo: la sombra de Agustina Arancibia Rodríguez, presidenta del Concejo Deliberante de San Luis y figura clave del poggismo, cuyo pasado está marcado por denuncias similares.
En 2019, el Servicio Médico encargado del control de Ausentismos (Se.M.A), abrió una investigación y citó a los miembros de un centro médico. El establecimiento reportó como apócrifos tres certificados médicos presentados por la actual edil, y en el expediente (PEX 353710/19) se reveló un entramado que involucró a un familiar muy cercano en la desaparición de sellos médicos, los mismos que habrían sido utilizados para validar los documentos falsos.
La respuesta oficial en aquel momento fue contundente: la dirigente fue sumariada y se abrió una investigación administrativa. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la presión se diluyó y el proceso terminó archivado tras su renuncia, para apaciguar la situación y evitarle mayores inconvenientes a la persona sindicada.
Hoy, con la mirada puesta en los recientes despidos, la historia cobra relevancia, sobre todo porque evidencia cómo el oficialismo actual parece aplicar criterios selectivos en la purga de responsabilidades.
El caso de Arancibia Rodríguez es un recordatorio incómodo de los privilegios que suelen rodear a las figuras del poder. Mientras Poggi busca consolidar su imagen como paladín de la transparencia, la permanencia de dirigentes cuestionados en su espacio pone en jaque su discurso. ¿Por qué unas denuncias terminan en despidos inmediatos mientras otras se esconden bajo la alfombra?
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