Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.
ActualidadHace 1 hora
Redacción
El tratamiento del Presupuesto 2026 en el Concejo Deliberante de San Luis dejó en evidencia el fuerte rechazo del bloque justicialista, que calificó el proyecto enviado por el intendente Gastón Hissa como “indefendible”, al considerar que parte de estimaciones subvaluadas y presenta una estructura que no refleja la realidad económica del municipio.
Andrés Russo sostuvo que la Municipalidad proyecta ingresos por 64 mil millones de pesos, pero omite al menos 8 mil millones que podrían surgir de la evolución efectiva de la coparticipación y de los datos ya registrados durante la ejecución presupuestaria vigente. En ese sentido, señaló que la previsión para 2026 establece 36 mil millones en concepto de coparticipación, cuando este año cerraría muy por encima de ese número, con registros que rondan los 42 mil millones y proyecciones aún mayores.
También observó una subestimación en la renta financiera. Según detalló, el Ejecutivo presupuestó 560 millones de pesos por intereses, cuando durante el presente ejercicio ya se superaron los 1.400 millones. Para Russo, esta diferencia altera no solo el cálculo de recursos sino también la proporción real del gasto, especialmente en áreas sensibles como personal y servicios.
Paulina Calderón acompañó las objeciones y puso el foco en la estructura interna del presupuesto. Cuestionó que el boleto estudiantil y para jubilados figure dentro del plan de obras públicas, cuando corresponde a subsidios sociales, situación que, según remarcó, afecta la interpretación del destino real de los fondos y confunde inversión en infraestructura con políticas de asistencia.
La concejal también señaló la ausencia de una planificación clara que permita vincular el orden contable con mejoras concretas en la vida cotidiana de los vecinos. “No alcanza con mostrar equilibrio si eso no se traduce en servicios más eficientes ni en respuestas visibles”, sostuvo.
Por su parte, Alejandro Cordido se sumó a las críticas y describió el proyecto como poco transparente y con elementos que merecen investigación. Coincidió en las dudas sobre la acumulación de fondos en cuentas de inversión, cuestionó la insistencia en mecanismos de endeudamiento y reclamó explicaciones concretas sobre partidas reasignadas (incluido el movimiento de 13 millones mencionado en el Concejo Deliberante). Pidió mayor rigurosidad técnica, auditorías sobre operaciones sospechosas y que el Ejecutivo explique públicamente a qué destina realmente los excedentes antes de avanzar con nuevas obligaciones financieras.
Desde la oposición coincidieron en que el proyecto presupuestario requiere una revisión profunda, tanto en la estimación de ingresos como en la asignación de partidas, para que el debate deje de girar solo en torno a números formales y exprese con mayor rigor la realidad financiera y operativa del municipio.
La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.
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Un grupo de integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con Jorge Gastón Hissa y lo responsabilizaron por el caos que generó la proliferación de manteros. Aunque agradecieron la convocatoria, aseguran que las soluciones que ahora propone ya existían en la gestión anterior y que el intendente sólo reacciona mirando el calendario electoral.
La bancada opositora busca suprimir el requisito impuesto por el Ejecutivo, al que señalan como ilegal y responsable de trabar la renovación del carnet a cientos de vecinos. El dictamen en minoría apunta a restituir los criterios de la Ley Nacional de Tránsito.
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Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
La información que publicó el senador Bartolo Abdala contradice el discurso central del gobierno de Claudio Poggi, que insiste en denunciar una caída histórica de recursos. Los números libertarios muestran otra cosa, hubo más fondos, incluso por encima de la inflación.
Una inspección originada por ATE expuso fallas estructurales, falta de mantenimiento y condiciones insalubres en el corralón y el edificio municipal de La Punta. El informe apunta directamente al intendente Luciano Ayala y a su gabinete.
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El informe, de más de 200 páginas, sostiene que Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, actuaron como “engranajes clave” dentro del caso LIBRA
Del Profe Aedes
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