El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una maniobra sin precedentes: concejales y funcionarios provinciales presentaron una demanda plagada de citas falsas, fallos inventados y doctrina inexistente.
ProvincialesHace 1 hora
Redacción
En Tilisarao, concejales y funcionarios provinciales cruzaron todos los límites, presentaron una demanda judicial plagada de fallos inventados, autores fantasma y leyes tergiversadas, todo presuntamente fabricado con inteligencia artificial. El intendente Juan Manuel Olguín denunció la maniobra ante la Justicia, que ahora debe desentrañar un fraude digital sin precedentes a nivel nacional.
Encabezan la maniobra polemica Alejandro Rosa y Ezequiel Sanmartino, responsables del andamiaje jurídico. Ricardo Rubira, funcionario provincial, que patrocinó la demanda, respaldado por las concejalas Karina Peralta y Marcela Vizcay Bello. Como testigo figura Florencia Torres, también funcionaria provincial, cuyo testimonio fue redactado por adelantado en la propia demanda.
Una sesión irregular que encendió la chispa
Todo comenzó en diciembre de 2024, cuando el Concejo desaprobó en un mismo acto el Presupuesto 2025 y la Tarifaria, dos normas de naturaleza distinta. El presupuesto nunca fue votado formalmente, aunque Alejandro Rosa lo dio por rechazado. Para el Ejecutivo, este “vicio formal insalvable” abrió la puerta a la maniobra judicial que hoy se ventila ante la Justicia.
El escrito del Concejo cita fallos de una “Cámara Contencioso Administrativa de San Luis” que no existe, menciona causas inventadas y autores inexistentes como “Domingo García” o “Pérez y Ferreres”, y tergiversa leyes nacionales. Para el Ejecutivo, todo indica el uso de inteligencia artificial sin verificación humana, configurando un fraude digital sin precedentes.
La denuncia no solo revela un posible fraude judicial, sino un intento deliberado de entorpecer la gestión municipal. El caso deja mal parado al gobernador Claudio Poggi, que promueve una supuesta justicia ágil e indepediente, mientras funcionarios de su propia estructura socavan la eficiencia del sistema. Una contradicción que expone al oficialismo a otro relato caído.
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