ATE manifestó su preocupación por la escalada de la violencia institucional en el Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante. Apuntan contra el intendente Jorge Gastón Hissa, María Paz Pagano y Laura Sánchez.
ActualidadAyer
Redacción
En la Municipalidad de San Luis, el cambio de gestión no trajo aire fresco, sino un tufillo a tiempos que parecían superados. Con Jorge Gastón Hissa en la intendencia, el organigrama municipal funciona más como un sistema de castigos que de administración pública. Así lo denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que lanzó una dura acusación por lo que califican como una escalada de violencia institucional que va desde el despido arbitrario hasta la persecución sindical lisa y llana.
El comunicado de ATE no deja dudas ni espacio para las excusas: lo que se vive puertas adentro de la Municipalidad es una “sistemática, repudiable y manifiesta” campaña de hostigamiento contra los trabajadores. ¿Los apuntados? Nada menos que el jefe comunal, la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez, y la titular del Tribunal de Cuentas, María Paz Pagano. Una tríada que, según el gremio, no sólo avala sino que protagoniza actos de maltrato y disciplinamiento.
La lista es larga y vergonzosa, desde intentos de frenar elecciones de delegados, desconocimiento de autoridades sindicales legalmente electas, traslados arbitrarios, descuentos salariales sin justificación, bajas de categoría, presiones para desafiliaciones y, como broche, la omisión del descuento de la cuota sindical. Todo esto, adornado con amenazas y persecuciones cotidianas que no distinguen entre afiliados y no afiliados. Un estilo de conducción más cercano al garrote que al diálogo.
En el Concejo Deliberante, Sánchez intentó bloquear una elección gremial como si fuera dueña del edificio y no una funcionaria pública. En el Tribunal de Cuentas, Pagano se niega a reconocer una delegada electa, como si la ley laboral fuera un papel más para triturar. Mientras tanto, en los pasillos municipales, Recursos Humanos se transforma en Recursos Inhumanos, operando para debilitar la organización de los trabajadores.
ATE ya presentó denuncias ante la Dirección de Relaciones Laborales de la Provincia y también acudió al Poder Judicial. La Justicia, fiel a su ritmo eterno, aún no resuelve. Pero los trabajadores no se quedan quietos y anuncian movilizaciones, visibilización y resistencia.
La violencia laboral no es una exageración ni una metáfora. Es una realidad tangible que deja huellas en la salud física y emocional de quienes la padecen. Y en este caso, tiene responsables con nombre, apellido y cargo público.
Mientras tanto, desde el despacho del intendente, reina el silencio. O peor aún, el cinismo.
Rompió relaciones con Libres del Sur, espacio que lo acompañó desde el día que traicionó al Partido Justicialista y se fue al PRO.
El gobierno no los atendió ni informó nada al respecto. Trabajadores denuncian persecución y aprietes luego de las elecciones. En campaña, Poggi les dio "Libertad".
Denuncias por violencia laboral, complicidad institucional y las víctimas siempre pagan los platos rotos.
El convenio con FEFARA, firmado entre sombras, hunde a la obra social universitaria en una crisis cada vez más profunda. Mientras Moriñigo transfiere fondos millonarios para contener el colapso, los afiliados denuncian abandono, discrecionalidad y un modelo de salud convertido en negocio. La bomba que le quedará a Raúl Gil y una situación cada vez más parecida a DOSEP.
Así lo publicó el medio Visión Política que detalló el millonario gasto que significó el viaje del gobernador y su esposa, Sandra Correa. Vuelo privado, asientos VIP y un viaje que salió de los bolsillos de los puntanos.
Inmobiliarias, mercados y gimnasios, entre otros negocios, ya advirtieron que no se podrá pagar más con aplicaciones como Mercado Pago, Uala, Naranja X, etc.
Otra vez, la presidenta del Concejo Deliberante hizo gala de su autoritarismo contra los trabajadores del Legislativo y su completo desconocimiento de las leyes laborales.
Denuncias por violencia laboral, complicidad institucional y las víctimas siempre pagan los platos rotos.
El gobierno no los atendió ni informó nada al respecto. Trabajadores denuncian persecución y aprietes luego de las elecciones. En campaña, Poggi les dio "Libertad".
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El Senado aprobó la media sanción de una norma que busca proteger cuentas oficiales. Sin embargo, el propio oficialismo permitió su uso partidario tiempo atrás, cuando El Chorrillero se quedó con las cuentas del programa San Luis Inspira.
ATE manifestó su preocupación por la escalada de la violencia institucional en el Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante. Apuntan contra el intendente Jorge Gastón Hissa, María Paz Pagano y Laura Sánchez.