
Trabajadores acusan a los directivos de ejercer un régimen laboral inhumano, con amenazas, vigilancia ilegal y sanciones arbitrarias. El verdadero mando lo tiene un concejal que ya sueña con la intendencia.
Se trata de una resistencia que se multiplica semana a semana, desnudando las carencias que se viven en San Luis.
Actualidad07 de noviembre de 2024Como cada miércoles, la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en San Luis fue el escenario de una nueva olla popular, donde el esfuerzo solidario busca hacer frente a las crecientes necesidades en la capital provincial. Organizada por ATE junto con el Movimiento Evita San Luis, Patria Grande y la Corriente Nacional Lohana Berkins, esta acción va más allá de un simple reparto de alimentos: denuncia las políticas de ajuste que, con más fuerza desde diciembre, han dejado a miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad.
La iniciativa responde a una realidad tan dura como innegable. A quienes se acercan en busca de comida, ropa e incluso un corte de pelo gratuito, les golpea el impacto de una crisis que se agrava día a día. En los últimos seis meses, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la pobreza y la indigencia han aumentado 15 puntos porcentuales, reflejo de una situación que se profundiza.
El origen de esta problemática tiene nombres y apellidos: Javier Milei; presidente de la Nación; Claudio Poggi, gobernador de la provincia, y Gastón Hissa, intendente de San Luis capital. Ambos líderes han impulsado políticas de ajuste que ya se traducen en despidos masivos, cierre de programas de ayuda social y un desmantelamiento de áreas que brindaban servicios esenciales para los sectores más vulnerables.
El ajuste no es solo una consecuencia de decisiones aisladas, sino una estrategia en la que tanto el gobierno nacional como el provincial y municipal parecen alineados, sin escuchar el clamor de quienes se encuentran cada vez más lejos de una calidad de vida digna. Las acciones de Hissa, señalado por ser el que más despidos ha ejecutado entre los trabajadores municipales, son muestra de la desconexión de su gestión con las necesidades urgentes de los vecinos de San Luis.
Desde los gremios de base, como ATE, surgen las denuncias y movilizaciones para contrarrestar esta indiferencia oficial, mientras que organizaciones como UPCN –que deberían velar por el bienestar de sus afiliados– parecen cada vez más cerca del poder y menos de sus trabajadores.
Mientras tanto, la olla popular de cada miércoles sigue creciendo, con voluntades que se suman y recursos que, aunque limitados, alcanzan para un plato de comida caliente. La acción se sostiene en la solidaridad de organizaciones que entienden la crisis y deciden enfrentarla desde el compromiso. Pero la pregunta sigue latente: ¿Hasta cuándo podrán llenar el vacío que dejan las políticas de ajuste de Poggi, Hissa y una gestión provincial y nacional más comprometida con los números que con la gente?
La olla popular en San Luis es una resistencia que se multiplica semana a semana, desnudando las carencias de un sistema político que ignora a quienes más sufren el peso de la crisis.
Trabajadores acusan a los directivos de ejercer un régimen laboral inhumano, con amenazas, vigilancia ilegal y sanciones arbitrarias. El verdadero mando lo tiene un concejal que ya sueña con la intendencia.
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