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Persecución y Lawfare: La criminalización de la protesta en San Luis bajo el gobierno de Poggi
El caso de ATE es un claro ejemplo del uso de las medidas judiciales para silenciar la disidencia, en un momento crítico en la provincia. Con esta maniobra, el gobierno no solo busca desarticular a ATE, sino también enviar un mensaje intimidante a otros gremios: la protesta y la lucha por los derechos tienen un alto costo.
Actualidad29 de agosto de 2024
Redacción
En medio de un creciente tensión con los gremios estatales, el gobierno de San Luis, liderado por Claudio Poggi y respaldado por el intendente Gastón Hissa, ha intensificado su ofensiva contra la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Lo que parece molestar profundamente al oficialismo son las ollas populares organizadas por ATE, que exponen crudamente la realidad de la provincia y muestran la grave situación que atraviesan los trabajadores estatales. Como así también la presencia en las distintas marchas y manifestaciones.
En respuesta, el gobierno ha recurrido a la judicialización de la protesta, utilizando esta estrategia como un ejemplo "para disciplinar y advertir a otros gremios".
La organización sindical denuncia que esta persecución judicial es parte de una estrategia de "lawfare", un término que hace referencia al uso del sistema legal y judicial para deslegitimar y neutralizar a opositores políticos y sociales. En este caso, se acusa a los dirigentes de ATE por su defensa de los derechos laborales y salariales de los trabajadores estatales, una lucha que ha sido constante en medio de la creciente precarización del empleo público en San Luis. Y que tiene a distintos sindicatos encolumnados.
El reclamo de ATE es claro: la lucha por salarios dignos y derechos laborales no puede ser motivo de persecución. Los trabajadores estatales han enfrentado un deterioro sostenido en sus condiciones laborales, mientras que el gobierno provincial ha optado por judicializar las protestas en lugar de abordar las demandas legítimas de sus empleados.
Este conflicto se enmarca en un panorama más amplio de descontento social en San Luis, donde las políticas del gobierno de Poggi han sido fuertemente cuestionadas por su enfoque represivo hacia las demandas populares. La criminalización de la protesta no solo pone en riesgo los derechos individuales de los trabajadores y sus representantes, sino que también atenta contra el ejercicio democrático de la libertad de expresión y la protesta social.
La batalla entre el gobierno provincial y los sindicatos continúa, con un impacto profundo en la sociedad puntana, a medida que se agravan las condiciones laborales.
El caso de ATE es un claro ejemplo de cómo el lawfare se utiliza como una herramienta política para silenciar la disidencia, en un momento crítico para la democracia y la justicia social en la provincia. Con esta maniobra, el gobierno no solo busca desarticular a ATE, sino también enviar un mensaje intimidante a otros gremios: la protesta y la lucha por los derechos tienen un alto costo en San Luis.
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