El caso de ATE es un claro ejemplo del uso de las medidas judiciales para silenciar la disidencia, en un momento crítico en la provincia. Con esta maniobra, el gobierno no solo busca desarticular a ATE, sino también enviar un mensaje intimidante a otros gremios: la protesta y la lucha por los derechos tienen un alto costo.
Según la secretaria de Servicios Públicos la falta de agua en distintos barrios se debe a un "consumo excesivo", en medio de la emergencia vigente por el cuidado del agua. Otro capitulo del "haz lo que digo, pero no lo que hago".
El análisis es hasta el mes de septiembre. En la actualidad podrían seguir activos estos pagos paralelos, ya que la Municipalidad de Hissa nunca informó al respecto y que involucran al secretario Legal y Técnico de la Comuna, entre otros funcionarios.
El pedido del intendente de La Punta es para el próximo 23 de diciembre. Sorpresa en el mundo político por la tardanza en el envío de los proyectos.