DOSEP firmó convenios con la Clínica Trinidad, La Italia, la Clínica de la Mujer y la Familia y la Clínica del Adulto Mayor y la Familia. Profesionales advierten que en esas instituciones trabajan médicos de la carrera sanitaria y no es compatible por ley. El conflicto con el Círculo Médico deja a los pacientes sin atención.
ActualidadHace 1 hora
Redacción
San Luis atraviesa un colapso sanitario sin precedentes. Los recientes acuerdos firmados por DOSEP con clínicas privadas —Trinidad, Italia, la Clínica de la Mujer y la Familia y la Clínica del Adulto Mayor y la Familia (cuya propietaria es Gisela Vartalitis, esposa de Adolfo Rodríguez Saá)— muestran una realidad preocupante, profesionales que deberían tener bloqueado su título para ejercer en lo privado terminan trabajando en negro, ocultos detrás de órdenes emitidas a nombre de las clínicas.
El efecto en el sistema público es inmediato. Mientras el gobierno intenta controlar a los médicos mediante bloqueos y sanciones, los afiliados que no pueden atenderse con sus profesionales de confianza vuelven al sistema estatal, encontrándose con los mismos médicos que prestan servicios “en escondidas” para la privada. Esto genera un déficit grave en la atención y sobrecarga en hospitales y centros de salud.
El círculo médico denuncia que estos acuerdos y la falta de regulación están explotando a los profesionales, rompiendo la normativa de la carrera sanitaria y profundizando la descoordinación. La atención se vuelve caótica, turnos saturados, pagos irregulares y órdenes que no reflejan quién realmente atiende al paciente. Todo, mientras el gobierno parece más enfocado en imponer su autoridad que en negociar soluciones viables.
Pacientes como víctimas
El resultado de esta disputa política es tangible, los pacientes son los grandes perjudicados. La imposibilidad de acceder a sus médicos de siempre, sumada al desorden generado por los acuerdos privados, deja al sistema público colapsado y a los profesionales sobreexplotados. Las decisiones del gobierno muestran un patrón de confrontación con quienes piensan distinto, sin reparar en las consecuencias para la salud de la población.
San Luis evidencia así cómo la combinación de acuerdos opacos, bloqueos administrativos y mala gestión puede llevar al colapso de un sistema sanitario que, lejos de proteger a los ciudadanos, termina desbordado y debilitado por la propia administración que debería garantizarlo.
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El gobierno no logró imponer su estrategia paralela para negociar con los médicos y, desde este 18 de septiembre, miles de afiliados podrían quedar sin cobertura. El silencio oficial solo multiplica las dudas.
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