Redacción
La inhibición y embargo de bienes ordenados por el juez Julián Ercolini tienen como objetivo principal impedir la consolidación de posibles beneficios derivados del delito que se investiga y garantizar la eventual imposición de multas o reparación del daño. La acusación sostiene que entre agosto y diciembre de 2019 se habría defraudado al Banco Nación por más de US$304 millones mediante maniobras vinculadas con créditos otorgados al holding agroexportador Vicentín.
La decisión judicial focaliza en quienes conducían el banco estatal en el último tramo del macrismo —incluidos el presidente y vicepresidente de la entidad, junto a gerentes y directores— por supuestas actuaciones coordinadas con los empresarios de Vicentín. La ampliación del embargo a más de dos decenas de involucrados refleja la hipótesis de una operatoria conjunta entre funcionarios públicos y privados para favorecer a la cerealera en detrimento del patrimonio de la entidad estatal.
La causa Vicentín no es nueva: se inició tras la estatización fallida del concursado grupo agroindustrial en 2020 y diversas investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y créditos. La medida actual profundiza el avance judicial sobre exfuncionarios asociados al otorgamiento de líneas crediticias en moneda extranjera sin las garantías exigibles, un punto crítico de la causa.
El embargo de bienes de exdirectivos del Banco Nación durante una administración anterior abre un nuevo frente de debate político sobre la responsabilidad del Estado en el control de bancos públicos y el riesgo moral de decisiones discrecionales en la gestión de crédito. Más allá de la esfera judicial, la resolución vuelve a colocar en el centro del análisis la supervisión del crédito público en sectores estratégicos de la economía.
Con la inhibición de bienes, la investigación no solo apunta a una sanción penal sino también a asegurar activos que puedan responder por eventuales decomisos o multas. En el corazón de la causa, la cuantificación del perjuicio económico —superior a los US$300 millones según la presentación judicial— se convierte en un dato clave para futuras decisiones del tribunal y posibles reclamaciones civiles asociadas al caso.
