La medida judicial alcanza a Javier González Fraga, Lucas Llach y otros 18 exfuncionarios del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, además de directivos del Grupo Vicentín, en el marco de la investigación por un presunto fraude al Estado argentino.
NacionalesAyer
Redacción
La inhibición y embargo de bienes ordenados por el juez Julián Ercolini tienen como objetivo principal impedir la consolidación de posibles beneficios derivados del delito que se investiga y garantizar la eventual imposición de multas o reparación del daño. La acusación sostiene que entre agosto y diciembre de 2019 se habría defraudado al Banco Nación por más de US$304 millones mediante maniobras vinculadas con créditos otorgados al holding agroexportador Vicentín.
La decisión judicial focaliza en quienes conducían el banco estatal en el último tramo del macrismo —incluidos el presidente y vicepresidente de la entidad, junto a gerentes y directores— por supuestas actuaciones coordinadas con los empresarios de Vicentín. La ampliación del embargo a más de dos decenas de involucrados refleja la hipótesis de una operatoria conjunta entre funcionarios públicos y privados para favorecer a la cerealera en detrimento del patrimonio de la entidad estatal.
La causa Vicentín no es nueva: se inició tras la estatización fallida del concursado grupo agroindustrial en 2020 y diversas investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y créditos. La medida actual profundiza el avance judicial sobre exfuncionarios asociados al otorgamiento de líneas crediticias en moneda extranjera sin las garantías exigibles, un punto crítico de la causa.
El embargo de bienes de exdirectivos del Banco Nación durante una administración anterior abre un nuevo frente de debate político sobre la responsabilidad del Estado en el control de bancos públicos y el riesgo moral de decisiones discrecionales en la gestión de crédito. Más allá de la esfera judicial, la resolución vuelve a colocar en el centro del análisis la supervisión del crédito público en sectores estratégicos de la economía.
Con la inhibición de bienes, la investigación no solo apunta a una sanción penal sino también a asegurar activos que puedan responder por eventuales decomisos o multas. En el corazón de la causa, la cuantificación del perjuicio económico —superior a los US$300 millones según la presentación judicial— se convierte en un dato clave para futuras decisiones del tribunal y posibles reclamaciones civiles asociadas al caso.
La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de avanzar una negociación directa con sectores del chavismo para la transición de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, ubicó al Gobierno argentino en una posición política secundaria y expuso descoordinación con Washington.
Un integrante del Ejército Argentino fue encontrado sin vida dentro de la Quinta de Olivos, donde reside Javier Milei. El joven cumplía tareas de vigilancia y el episodio activó un amplio operativo judicial. La jueza Sandra Arroyo Salgado se trasladó al predio y ordenó peritajes para esclarecer qué ocurrió.
Según informó en un comunicado la entidad monetaria, desde 2026 el sistema actual se ajustará mes a mes según la inflación. Además, lanzará un programa para acompañar la demanda de dinero.
Con el gabinete ya formalizado tras las legislativas, la hermana del Presidente consolidó su poder interno. Acuerdos inesperados, tensiones que bajan un cambio y negociaciones abiertas con gobernadores y sindicatos mientras el oficialismo acelera en el Congreso y mide fuerzas con las reformas clave.
El costo de la Canasta Básica Alimentaria subió 3,6 % y se ubicó por encima de la inflación que fue del 2,5% el mes pasado.
La Cancillería retiró en silencio el nuevo logo tras omitir Malvinas y la Antártida, en un gesto que expuso desorden interno y falta de sensibilidad sobre dos ejes centrales de la política exterior argentina.
La compra de los aviones a Dinamarca marcó la gestión de Luis Petri y -más allá de la poco clara utilidad de las aeronaves, los recursos necesarios para su mantenimiento y la antigüedad que acarrean-, lo más escandaloso no se supo hasta ahora: al frente del Programa de los F16 están dos ex generales chilenos, representantes de una empresa privada de logística militar. ¿Hay riesgo para la soberanía nacional?
La fueguina Cándida López se presentó con su marido y un cerrajero para tomar las oficinas de un legislador.
En la previa de una asamblea extraordinaria, comenzaron a delinearse dos opciones para manejar los destinos del "Verde". Andrés Vallone competirá en las próximas elecciones e irá contra el libertario, Rodolfo Negri.
El local El Capo fue asaltado esta madrugada frente a un puesto de seguridad vacío. Los propietarios denunciaron que la zona está liberada y exigieron presencia policial efectiva. El mismo comercio había sido usado en 2023 por la gestión Poggi para denunciar inseguridad en la gestión anterior.
Dirigentes cercanos sospechan de una maniobra para forzar la salida de Berta Arenas sin asumir el costo político de removerla. La denuncia del juez federal Juan Carlos Nacul y los videos sobre irregularidades en el hospital llegaron en simultáneo y alimentan la hipótesis de filtración deliberada desde el núcleo del oficialismo provincial.
El gobierno de Martín Llaryora difundió el detalle de su inversión publicitaria entre enero y junio del año pasado, con discriminación de montos, medios y rubros. La provincia de Claudio Poggi, en cambio, no publica datos consolidados sobre contrataciones a figuras mediáticas ni el destino de los fondos destinados a comunicación oficial.
La medida judicial alcanza a Javier González Fraga, Lucas Llach y otros 18 exfuncionarios del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, además de directivos del Grupo Vicentín, en el marco de la investigación por un presunto fraude al Estado argentino.