Arrancó el Lawfare en San Luis: renunció el procurador Martínez y el gobierno se queda con el manejo del Poder Judicial

El procurador general de la provincia, Luis Martínez, presentó su renuncia este martes tras las críticas directas del gobernador Claudio Poggi, marcando un nuevo ataque a la independencia judicial. La dimisión , orquestada tras un cerco mediático y político no es un simple cambio de fichas. Es la consumación de un lawfare puntano, en el que el oficialismo utiliza la Justicia como herramienta de guerra política. 

El reemplazo sería Rafael Berruezo —operador judicial y hombre de confianza del Ministerio de Seguridad—, que se convertiría en el nuevo jefe de campaña.  Es que la intención del gobierno es hacer desfilar a los integrantes del gobierno anterior por tribunales, para encauzar una campaña que busca tapar el desastre que es la gestión. Lo mismo que sucedió durante la presidencia de Mauricio Macri, referente político de Poggi, cuando usó el Estado y los tres poderes para atacar a la oposición. 

La supuesta “reforma judicial integral” que pretende instalar Poggi tiene varios objetivos. Uno es modificar los integrantes del Superior Tribunal, otro tiene que ver con “alinear” fiscales, jueces y hasta el propio SIJUPU, uno de los gremios más combativos a su administración. Y el principal es poner funcionarios a dedo para garantizarse, una futura protección de complicarse la cuestión política. 

No es modernización, sino más bien un reset de fábrica para que el sistema opere con el manual del poggismo. El mismo gobernador que ayer se rasgaba las vestiduras ante cualquier sombra de intromisión en los poderes del Estado, hoy opera para poner personajes de confianza en lugares claves de la Justicia. 

La fórmula es tan grotesca como evidente. El gobierno falló en su gestión, generó más pobreza, incrementó negativamente todos los índices, mutiló el sistema sanitario, congeló los sueldos y ya no hay relato que tape   la realidad de un gobierno golpeado.  Poggi necesita desviar la atención de manera urgente con las denuncias contra el gobierno anterior —ahora convertidas en espectáculo— que son el humo que oculta el incendio de una gestión que no sabe apagar su propia mediocridad.

En San Luis ya no se debate la separación de poderes. Desde que asumió, el oficialismo se aseguró con su billetera a distintos legisladores que tenían ganas de ser comprados. Lo que configuró un reordenamiento insólito en la Legislatura, donde por los votos y el sistema democrático, Poggi seguía teniendo la minoría, a pesar de haber ganado las elecciones. 

Hoy lo que comenzó con una renuncia forzada es la antesala de un régimen donde la Justicia será juez, jurado e influencer de campaña. Con un gobernador que busca convertirse en una especie de emperador. Pero más parecido a un Nerón que a un Julio Cesar.