Avanza la causa por las intoxicaciones del PANE en la Justicia

La causa judicial por las intoxicaciones provocadas por el Programa de Alimentación Nutricional Escolar (PANE) sigue avanzando y suma declaraciones clave que comprometen seriamente a la gestión del intendente Jorge Gastón Hissa. Padres y docentes de las escuelas La Rioja y Pancha Hernández prestaron testimonio ante la Justicia, denunciando la mala calidad de los alimentos entregados a los estudiantes, que derivó en múltiples casos de intoxicación.

Sin embargo, el dato más relevante hasta el momento proviene de una funcionaria del propio programa. La subdirectora del PANE, María Eugenia Buteler, declaró que la responsabilidad del control sanitario de los alimentos recaía en el área de Bromatología de la Municipalidad de San Luis, es decir, en la gestión de Hissa. "No había un protocolo específico. El control de las cocinas y los proveedores de las escuelas correspondía a Bromatología, pero nunca se hicieron correctamente", señaló ante la Justicia.

Estas afirmaciones contradicen directamente lo expresado por el intendente, quien en su momento minimizó la responsabilidad del Municipio, limitándola a los proveedores que se presentaban en las oficinas municipales. Un argumento endeble que dejó fuera de todo control a aquellos proveedores que nunca se registraron formalmente en el ámbito municipal, abriendo interrogantes sobre el funcionamiento interno de la gestión y la falta de mecanismos básicos de supervisión.

A esta altura, el silencio oficial también empieza a convertirse en un elemento central de la causa. Hasta el momento, sólo dos organismos del Estado no han respondido ni presentado declaraciones ante la Justicia, la Municipalidad de San Luis y el Concejo Deliberante. En este último caso, resulta especialmente llamativa la omisión, ya que concejales de la oposición habían elevado hace más de un año un pedido de informes advirtiendo sobre la calidad deficiente de los alimentos que se estaban distribuyendo en las escuelas. Dicho pedido fue ignorado y cajoneado por el bloque oficialista.

La causa judicial continúa su curso, impulsada por múltiples denuncias presentadas por padres, docentes, legisladores y organizaciones sociales. Lo que está en juego no es simplemente la administración de un programa alimentario, sino la responsabilidad política y legal de un gobierno que no actuó frente a denuncias que involucraban la salud de niños y niñas. Las pruebas se acumulan y las explicaciones oficiales siguen ausentes.