El propio gobierno reconoce que con el ritmo de construcción previsto, la solución habitacional para las más de 66 mil familias inscriptas llegaría recién en 60 años. Una ley votada por todos, que patea la promesa de campaña y consolida la política de la emergencia como estrategia de gestión.
Actualidad14 de agosto de 2025
Redacción
El proyecto impulsado por el gobernador Claudio Poggi, aprobado por unanimidad en la Legislatura, establece que el 50% de los recursos destinados a obra pública se orienten a la construcción de viviendas. Sin embargo, los números oficiales son contundentes, con ese presupuesto, el gobierno podrá edificar apenas 1.200 casas por año.
En la provincia, 66.504 familias —unas 190.761 personas— se inscribieron para acceder a una vivienda. Haciendo cuentas, la propia “emergencia habitacional” reconoce que la respuesta plena llegaría dentro de seis décadas.
Promesa de campaña con fecha de vencimiento
La jugada del oficialismo no parece orientada a una solución inmediata, sino a ganar tiempo. El plan se presenta como novedad, pero bien podría haberse incorporado directamente al presupuesto del año próximo. La urgencia es más política que habitacional, se trata de sostener la expectativa de quienes esperaban recibir su vivienda este año y postergar, otra vez, las entregas.
El apoyo unánime en ambas cámaras deja un interrogante sobre la postura de la oposición. Pese a las críticas de algunos legisladores, como Silvia Sosa Araujo, finalmente acompañaron al oficialismo, avalando un proyecto que convierte una necesidad social en argumento para una estafa electoral a largo plazo.
La gestión de las emergencias
El gobierno de Poggi parece haber encontrado en las “emergencias” un formato de gestión. Así como ocurrió con el PANE, donde se creó una Secretaría que sumó más gasto político que soluciones, en Vivienda se abre un esquema similar, declarar, reorganizar, designar funcionarios… y seguir sin resolver la urgencia real.
La paradoja es que, bajo este modelo, la emergencia habitacional de San Luis ya tiene fecha estimada de finalización, alrededor del año 2085. Para entonces, los nietos de los inscriptos de hoy tal vez puedan cortar la cinta.
Mientras niega vínculos con la Casa Rosada, el gobernador selló su alianza con Javier Milei. La ministra libertaria llegó a San Luis con recursos y estructura electoral, gestionada por el ministro Bertolini y su hijo, encargados de distribuir la “caja libertaria” en territorio puntano.
El intendente de San Luis retomó sus caminatas proselitistas en medio de un clima social adverso. Mientras los barrios reclaman limpieza, iluminación y calles transitables, insiste con una agenda de campaña que ya no convence a nadie.
La salida de Malvina Orozco expuso la interna en el gabinete municipal y golpeó de lleno al armado político de Agustín Hissa. La funcionaria, acusada de abuso de poder e irregularidades, fue separada del cargo tras la presión pública. En el área ya circula una lista con posibles despidos de trabajadores.
Las integrantes del panel “Política, cosa de mujeres” salieron al cruce de los medios alineados al gobernador Claudio Poggi, que intentaron deslegitimar la actividad realizada en la Universidad Católica de Cuyo. Denunciaron violencia política y defendieron el carácter plural del encuentro.
La agrupación estudiantil Juventud Universitaria Peronista solicita investigar al Secretario de Desregulación del gobierno de Javier Milei por presunta irregularidad académica. La denuncia apunta a un posible fraude en la FCEJS.
Pasan cosas en la política puntana y no seríamos nosotros si no las contamos, siempre bajo nuestra mirada conspirativa y ensobrada. Porque si hay descontento social que se note y bastante. Y si hay resúmenes políticos por ahí, este es el más descarado, tan mal escrito que los supuestos súper profesionales de la comunicación y los sommeliers de plumas periodísticas no pueden dejar de leerlo.
El diputado nacional fue imputado, junto a otros ex funcionarios, en una causa que califica de “trucha”. Denunció que el gobernador Claudio Poggi usa la justicia para perseguir opositores y desviar la atención de su propio patrimonio millonario, acumulado tras décadas en el Estado.
En plena crisis con el sector, la obra social provincial cerró un acuerdo con la Clínica de la Mujer y la Familia. Médicos denuncian que se trata de un pacto político y que en esas instituciones se emplea a profesionales en negro.
El desembarco de Rodolfo Negri en el PAMI de San Luis marca un nuevo capítulo en la interna libertaria. La salida de la gente de Carlos D’Alessandro expone cómo los cargos nacionales se transformaron en botín político bajo el acuerdo Poggi–Bullrich–Menem.
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Mientras niega vínculos con la Casa Rosada, el gobernador selló su alianza con Javier Milei. La ministra libertaria llegó a San Luis con recursos y estructura electoral, gestionada por el ministro Bertolini y su hijo, encargados de distribuir la “caja libertaria” en territorio puntano.